El proceso de concertación, que se realiza por orden de la Corte Constitucional, se hace paralelamente en 40 municipios que tienen relación con el páramo.
El Consejo de Estado rechazó la intención de los tutelantes, que pretendían que no se hiciera el proceso sin la participación de las comunidades indígenas.
Distintos organismos radicaron escritos en apoyo a la demanda de acción popular instaurada para frenar la licencia ambiental a la multinacional Minesa.
