Para hoy a partir de las 9 de la mañana en la sede de la Corte Suprema se tiene prevista la lectura del fallo dentro del proceso que se adelanta en contra de los ex comandantes paramilitares, quienes lideraban grupos autodefensas en Bolívar y Sucre, especialmente en la zona de los Montes de María.
Los dos ex jefes paramilitares están involucrados en este proceso porque al mando de los bloques paramilitares Héroes de los Montes de María y Canal del Dique, habrían perpetrado la llamada masacre de Mampuján, en la que fueron asesinados 11 campesinos y desplazadas 300 familias de este sector del departamento de Bolívar, entre el 10 y 11 de marzo del 2000.
En un fallo de primera instancia, proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, se condenó a los ex paramilitares a la pena de prisión de 8 años, la máxima establecida en el proceso de Justicia y Paz.
Así mismo determinó que ninguna de las familias afectadas por la masacre y desplazamiento en los corregimientos de San Cayetano (San Juan Nepomuceno) y Mampuján (Marialabaja) podrá recibir más de $240 millones como medida de reparación. Estas víctimas pretendía sumas que van entre los $500 millones a $1.000 millones, motivo por el cual apelaron la decisión inicial.
El Tribunal Superior de Bogotá tasó el total de la reparación en 20 mil millones de pesos, además de ordenar inversiones al Estado para construir escuelas, puentes, carreteras, redes de servicios públicos y programas económicos y educativos para las poblaciones afectadas.
El Tribunal también había fijado una tabla de indemnizaciones en el cual los casos de homicidio serán indemnizados por $240 millones máximo por núcleo familiar; $40 millones para padres e hijos y $4 millones para hermanos.
Así mismo contempló que los casos de desplazamiento forzado debían ser indemnizados por $120 millones máximo por núcleo familiar, con un valor de $17 millones por víctima. Los casos de secuestro serán indemnizados por $180 millones por cada núcleo familiar y de $30 millones por víctima.
Ese ente judicial ordenó también la creación de una unidad especial que se dedique a la persecución de bienes y recursos de desmovilizados postulados y condenados, tanto del proceso de Justicia y Paz como dentro de la justicia ordinaria, al igual que embargar los bienes a los congresistas que han sido condenados por concierto para delinquir, en casos relacionados con ‘parapolítica’.
Esta decisión que fue tomada como la primera en el proceso de Justicia y Paz en todo el país, pasó a su análisis ante la Corte Suprema de Justicia, ya que todas las partes del proceso, desde las víctimas, paramilitares procesados, Procuraduría y Fiscalía, apelaron el fallo inicial de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
Los alegatos de descontento con el fallo de los ex paramilitares no se conocieron, pero tanto la Fiscalía como la Procuraduría y representantes de las víctimas se quejaron de los montos bajos de indemnización por los daños causados con la masacre.
