Hoy, el Gobierno Distrital recuperará más de dos kilómetros de playa en el sector Playa Blanca, de la isla de Barú.
Así lo dio a conocer la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, cuyo alcalde menor, Mauricio Betancourt Cardona, explicó que la restitución se llevará a cabo mediante la resolución 0992 del primero de marzo de 2013.
El espacio público en mención, según Betancourt Cardona, está ocupado por particulares con hoteles, kioskos, hostales, carpas y sillas.
La misma ocupación, de acuerdo con el funcionario, afectó el medio ambiente representado en las aguas del mar, las ciénagas, la tala del mangle y la arena, que padecen el mal manejo de las basuras.
“La zona --añadió el alcalde menor-- viene siendo invadida por establecimientos de comercio y hoteles. Esas invasiones son hechas por personas del interior del país y extranjeros, quienes trajeron la idea de la ocupación indebida. Hay ciudadanos argentinos y uruguayos, quienes lideran todo el proceso de la contraparte en la fase de restitución”.
Como se sabe, la Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca, Barú (Corplaya), tiene una concesión de 800 metros lineales de playa en la que trabajan nativos de Barú, Ararca y Santa Ana.
“El resto de la playa ha sido invadida con el pasar de los años, y ahora hay 2,5 kilómetros de playa ocupada. Una parte de la playa invadida hace parte de la concesión de Corplaya, pero el desorden no está solo en la parte concesionada, sino que se ve en casi toda Playa Blanca”, sostuvo el alcalde menor.
La diligencia se inició con las denuncias reiteradas de la Dirección General Marítima Colombiana (DIMAR) y se ejecuta una vez expedida la resolución por la Alcaldía Local, tras confirmar, según Betancourt, que estos terrenos son espacio público.
En el operativo de restitución se desalojarán más de 100 establecimientos de comercio e invasiones, y se contará con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, DIMAR, Guardacostas, Policía Nacional, Procuraduría Provincial, Comisarías de Familia, ICBF, Gerencia de Espacio Público y el CTI de la Fiscalía.
El alcalde menor relató que durante un año, los abogados de los ocupantes presentaron todos sus alegatos en cada una de las etapas del proceso, además de que instauraron una acción de tutela con la cual trataron de frenar la actuación de la Alcaldía Local, pero el más reciente pronunciamiento de los juzgados estableció, por tercera vez, que los presuntos invasores no pudieron demostrar que tenían derecho sobre la zona.
No obstante, Betancourt señaló que habría que revisar la situación de los nativos que trabajan en Playa Blanca para llegar a algún acuerdo, mediante el cual su vida laboral no se afecte negativamente, “pero primero tenemos que concienciarlos respecto al cuidado de su propio medio ambiente”.
Reiteró que la playa quedará al servicio de nativos y foráneos, pero no se permitirán más construcciones ilegales ni ningún tipo de asentamientos.
Ayer los nativos de Barú organizaron bloqueos pacíficos: uno a la entrada del corregimiento de Ararca; y dos en Santa Ana, entre la Calle del Colegio y la Transversal Barú; y en el acceso hacia el Hotel Decamerón.
Mientras tanto, un grupo de dirigentes comunales fue a la Alcaldía Mayor de Cartagena a dialogar con el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, pero hasta el cierre de esta edición el mandatario no los había atendido.
David González Cardales, líder cívico de Santa Ana, manifestó que el desalojo va en contra de los derechos humanos en aras de intereses privados que están planeando el desarrollo turístico de Barú.
El dirigente señaló específicamente a Corplaya como la principal interesada en el desalojo, y afirmó, además, que los establecimientos que funcionan en Playa Blanca son de nativos y, en algunos casos, de raizales asociados con unos pocos extranjeros.
En cuanto a la parte ecológica, anunció que solicitará un debate ambiental nacional para pedirle al Estado que haga un inventario sobre el patrimonio natural de Barú “para establecer quiénes son en realidad los que están invadiendo esos sitios. En Barú hay muchas construcciones de capitales privados que se están robando el espacio público, pero extrañamente ninguna autoridad se encarga de retirarlas”.
Clara Diago, directora de Corplaya, respondió que el desalojó que hoy se llevará a cabo es una acción de la Alcaldía de Cartagena y que la entidad a su cargo nada tiene que ver en ello.
Asimismo, dijo suponer que los nativos creen que Corplaya está detrás del desalojo, puesto que esa entidad hizo varias denuncias sobre el presunto deterioro ambiental y la ocupación ilegal en la zona no concesionada.
Comentarios ()