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Colombia quiere llegar a tener una economía verde

En todo el mundo se está hablando de impulsar la economía verde, es decir, una política que tiene como objetivo mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y el daño a la naturaleza.

Precisamente este es el tema que escogió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Pnuma, para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente, a menos de tres semanas de la Cumbre de los Pueblos Rio+20, donde el desarrollo sostenible será uno de los temas principales.

Según el PNUMA, una economía verde implica una reducción en las emisiones de carbono y en los índices de contaminación, una mejoría en la eficiencia energética y en los recursos no renovables y evitar la pérdida de la biodiversidad.

En consonancia con estos temas el Gobierno colombiano está liderando una propuesta para Rio +20 para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que parte de cinco temas: agua, océanos, seguridad alimentaria, eficiencia energética y ciudades sostenibles. 

El presidente Juan Manuel Santos en el foro ambiental que se realizó en la Universidad Piloto de Bogotá explicó que estos objetivos no reemplazan los ocho propósitos fijados por los países miembros de las Naciones Unidas en el año 2000 conocidos como los Objetivos del Milenio. Sin embargo, aclaró que ambos son complementarios y que se pueden articular.

En Colombia, el Gobierno ya empezó a dar sus primeros pasos. En el Día Internacional del Medio Ambiente Santos anunció que la reforma tributaria podría incluir un impuesto al carbono, lo que impulsaría a las empresas a reducir sus emisiones para ahorrar dinero y castigar en el bolsillo de las que sigan contaminando de forma desproporcional el medio ambiente.

Sin embargo, se tendrán que dar muchos pasos más para alcanzar una verdadera economía verde en todo el país, especialmente porque prevalecen problemas como la minería ilegal, que no es sostenible, y porque el desarrollo de alternativas para producir energía que sean más amigables con el medio ambiente aún están crudas.

MINERÍA ILEGAL

Uno de los primeros en reconocer que la minería ilegal es uno de los grandes enemigos del medio ambiente es el presidente Santos. De hecho, admitió que esta modalidad se ha convertido en una fuente de financiación para los grupos armados al margen de la ley que se habían visto coartados  por las medidas para frenar la producción y tráfico de estupefacientes.

“En la medida en que somos exitosos cortando las fuentes de financiación de los grupos armados en materia de narcotráfico, se han venido trasladando y ahora descubrieron la minería ilegal. Entonces están explotando la minería ilegal en todas partes y utilizando a los mineros artesanales como escudo”, dijo el mandatario.

Más allá de los problemas de tipo social que desencadena la minería ilegal, está el daño ambiental que se está haciendo con esta práctica sobre las aguas y los bosques que son talados de forma indiscriminada, generando un impacto sobre el ecosistema que puede ser irreparable.

Como esta problemática no solo afecta a Colombia sino a países vecinos como Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil, se está pensando en la posibilidad de atacar en bloque la minería ilegal. “Estamos haciendo reuniones para ver cómo podemos hacer  normativas internacionales que nos permitan ser más efectivos en la lucha contra de la minería ilegal”, dijo Santos.

HAY OTRAS ALTERNATIVAS

El 66% de la energía en el país se produce a partir de hidroeléctricas, y la meta del Gobierno es llegar al 75%. Sin embargo, para ambientalistas como Paul Sánchez, vocero de la Fundación Arcoiris, las hidroeléctricas son tecnologías obsoletas por el daño que producen sobre el medio ambiente. 

Según Sánchez, las hidroeléctricas a nivel ambiental acaban con la biodiversidad porque exigen la deforestación de grandes hectáreas de bosques, sumado a que cortan el flujo de nutrientes que viajan de los ríos a los mares, producen gas metano y erosión en los suelos, entre otros efectos que además generan sobre las poblaciones aledañas que en muchos casos son obligadas a desplazarse.

Estas razones se las expuso Sánchez al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, en el Foro ambiental, donde le pidió que examine la posibilidad de empezar a implementar en el país alternativas sustentables como la eólica, solar o marina, que han demostrado ser más amigables con el medio ambiente en países desarrollados. 

Ante la petición Pearl respondió que “todas las formas de generación de energía tienen impactos ambientales eso depende del sitio donde se haga, unos impactos son mitigables, otros compensables, por eso miramos cada proyecto de una manera completa. Pero  estamos empezando a mirar las cuencas de una manera integral y a eso queremos llegar”. 

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