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Superservicios impuso multas por $17.000 millones a empresas prestadoras en 2011

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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió 500 investigaciones e impuso multas por $17.324 millones a las empresas prestadoras durante 2011 por la violación al régimen de servicios públicos y a los derechos de los usuarios. Las empresas de energía y gas fueron las que recibieron las mayores sanciones con $4.578 millones y $1.197 millones, respectivamente.

A las de Gas Licuado de Petróleo (GLP) o gas propano se les impuso una multa por $7.135 millones, para un total de $12.910 millones. El total asciende a $12.910 millones. Los incumplimientos al Mercado de Energía Mayorista como  el no garantizar las transacciones de compra y venta de energía son unos de los mayores causales de investigación y sanción. También está el no reportar la información que la ley les exige al Sistema Único de Información (SUI) que administra la Superintendencia y por no cumplir con las metas de marcación de cilindros de gas propano y recolección de los cilindros universales.

Las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo recibieron sanciones por $3.194 millones durante el año pasado. A diez de estas empresas, en varias regiones del país, se les prohibió prestar los servicios por espacio de 10 años.

Los principales motivos de investigación y sanción a las compañías de acueducto y saneamiento básico fueron por el suministro de agua no apta para el consumo humano, violación al debido proceso de usuarios, el no reporte al SUI, la no aplicación de la metodología tarifaria expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), inadecuada disposición final de residuos sólidos y operar sin permisos o licencias ambientales.

El superservicios, César González Muñoz, dijo que “lo verdaderamente importante no es sancionar sino lograr el cambio de conducta de las empresas prestadoras, a las cuales hago un llamado especial para que cumplan con la ley, se empeñen en prestar servicios públicos de la mejor calidad y continuidad posibles y, por su puesto, respeten los derechos de los usuarios”.

Así mismo, la Superservicios, a través de sus Direcciones Territoriales en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, abrió 7.565 investigaciones e impuso multas por $1.220 millones a las empresas por Silencio Administrativo Positivo (SAP), es decir, por no responder dentro de los 15 días hábiles que la ley determina, o hacerlo de manera incompleta, las quejas y reclamos.

Las quejas y reclamos de los usuarios, en segunda instancia ante la Superservicios, se incrementaron en un 8%, pasando de 70.034 en el 2010 a 75.710 en el 2011.Las más recurrentes fueron por cobros desconocidos con 31%;  por incrementos repentinos e inexplicables en sus consumos, con 14%.

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