Los hechos de los últimos días con respecto a los eventos musicales masivos dan asco. No se necesita la nigromancia para saber que unos conciertos y chiringuitos con patente de corso para perturbar la tranquilidad de la comunidad tienen que contar con la complicidad de más de una autoridad.
Hubo permisos limitando la música hasta las 6 de la tarde, sin perjuicio de no violar las normas de decibeles máximos durante el día, pero nadie los supervisó y sonaron toda la noche. En un caso, el alcalde local responsable se escondió de este medio, o al menos, apagó su teléfono celular cuando lo llamamos para enterarlo de las quejas desesperadas del vecindario victimizado.
Las autoridades deberían investigar las versiones que aseguran que los permisos para un evento disfrazado de cultural le fueron vendidos a otro, famoso por ser ultrarruidoso, por unos “empresarios” y un concejal con influencia donde nacen los permisos, pero al cambiar de timonel, dice esta versión, les tocó engrasar los ejes de nuevo para echar a andar esa carreta.
Luego está el Tsunami Vallenato, en el cual hay acusaciones directas y graves por extorsión, en donde el empresario asegura que dio 10 millones de pesos pedidos a nombre de un alto funcionario, que originalmente aspiraba a 38 millones de pesos según la misma fuente. Hay que esclarecer también si aquí hubo o no una manguala de parientes, colegas, un concejal y amigos actuando para beneficio propio.
Ya mencionamos antes en este espacio que el Distrito está en mora de tener un equipo especial para monitorear estos eventos las 24 horas porque ni si los permisos se obtuvieran limpiamente le darían el derecho a ningún empresario de acabar con la tranquilidad de barrios enteros poblados de edificios con su volumen excesivo, ni los funcionarios están eximidos de controlarlos para evitar los desmanes y sancionar a los culpables.
Los funcionarios que no impidan este comportamiento son culpables de negligencia grave, de incompetencia, de connivencia con los “empresarios” y como mencionamos en un editorial anterior, deberían ser investigados y sancionados por la Procuraduría por no proteger el derecho colectivo a la tranquilidad, y por la Fiscalía donde haya lugar.
Estamos de acuerdo con los planteamientos de los concejales de Cartagena ayer. Se necesita restaurar la transparencia desmontada recientemente de la página web de la Alcaldía para volver a tramitar en privado permisos de eventos, sin la claridad que se había ganado ya.
El tsunami que necesitamos ahora debería originarse en la Alcaldía con una ola de destituciones ejemplarizantes, pisando duro y sin más miramientos, como lo exige la ciudadanía. No es el momento para las dudas, sino para la decisión.
La misma marejada debería conmocionar también a las cabezas de los entes de control locales. No solo no pueden pasar de agache, sino que tienen el deber de investigar lo dicho antes, soportado por la edición de hoy y de días anteriores de El Universal, además de varios otros medios. Los datos de algunos teléfonos celulares, exigibles por ley, ayudarían a terminar de aclarar el entuerto.
Las distintas autoridades no pueden seguir defraudando a la ciudadanía.