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Nuevo juicio por 60 víctimas de dictadura

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Un tribunal argentino pidió el martes la captura de siete militares en el marco de un juicio por la desaparición de 60 víctimas de la dictadura, entre ellas una francesa, en San Juan (oeste), con el exgeneral Luciano Menéndez y el teniente Jorge Olivera como principales acusados.

 

El Tribunal Oral Federal de San Juan declaró en rebeldía a los siete militares que no se presentaron el lunes al inicio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan, por lo que pidió su captura nacional e internacional, informó una fuente judicial. 

El exgeneral Menéndez sigue las audiencias por teleconferencia desde la ciudad de Córdoba (700 km al norte), donde purga una de las seis condenas a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos en la dictadura (1976/83), que ya pesan sobre él. 

En tanto, estuvieron sentados en el banquillo los tenientes retirados Jorge Olivera y Daniel Gómez, los suboficiales Alejandro Lazo y Benito Martell y el exjefe de la delegación de la Policía Federal, el comisario Horacio Nieto

Los siete prófugos son Carlos Malatto, Juan del Torchio, Gustavo de Marchi, Eduardo Cardoz, Jorge Páez, Eduardo Vic y el entonces jefe de la policía provincial Juan Carlos Coronel. 

Menéndez está acusado por los 60 casos analizadas en este proceso, entre ellos la desaparición y torturas de la ciudadana francesa Marie-Anne Erize y del militante de la agrupación guerrillera Montoneros (peronistas de izquierda) José Carbajal. 

También se lo juzga por las detenciones ilegales y torturas del actual gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y de su hermano, el ahora senador César Gioja, además de los jueces Margarita Camus, hija de un exgobernador, y Abel Soria Vega, y del sindicalista y diputado electo José Villa, entre otros. 

Olivera, quien fue además abogado de represores, está imputado por el secuestro y desaparición de Erize, que integra la lista de 18 franceses víctimas de la dictadura argentina. 

Erize tenía 24 años cuando fue secuestrada en la vía pública en San Juan el 15 de octubre de 1976 y sigue desaparecida. 

En el año 2000, durante un viaje por Italia, Olivera había sido detenido en Roma a pedido de la justicia francesa, pero tras 42 días de cárcel fue liberado mediante una acta de defunción falsificada de la joven francesa, por lo que se consideró el crimen prescrito. 

Tras la anulación de las leyes de amnistía en 2003, volvió a ser encausado y detenido en 2007 en Argentina 

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