PRI niega acusaciones de compra de votos en elecciones mexicanas

Miles de personas se apresuraron a canjear unas tarjetas prepagadas que, según dijeron, se las regaló el partido que ganó la presidencia de México, alimentando las acusaciones de que las elecciones del domingo estuvieron manchadas por una enorme compra de votos. El PRI negó las acusaciones.
Algunos de quienes hacían fila el martes para usar sus tarjetas de regalo en un establecimiento de la cadena Soriana dijeron que las recibieron a cambio de apoyar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo candidato Enrique Peña Nieto ganó la presidencia según el conteo preliminar de votos. Algunos llevaban gorras y camisetas rojas con el nombre de Peña Nieto en letras blancas. (Lea aquí: Enrique Peña gana presidencia de México)
El portavoz del PRI Eduardo Sánchez dijo el martes por la noche que "ni el comité ejecutivo del PRI, ni la campaña de Enrique Peña Nieto han contratado ningún servicio de la cadena de abastecimientos Soriana".
A la pregunta de si otro candidato local o congresional del PRI pudiera haberlo hecho a nombre de Peña Nieto, Sánchez dijo "no lo sé".
Algunos de los poseedores de las tarjetas estaban furiosos. Se quejaron de que no recibieron tanto como se les prometió o de que algunas tarjetas ni siquiera funcionaban. Los vecinos de una de las tiendas ubicada en un barrio pobre de las afueras de la Ciudad de México dijeron que la multitud de clientes, inusualmente grande, les impedía hacer sus compras cotidianas.
Algunas personas que estaban comprando en la tienda dijeron que se les avisó que las tarjetas sólo serían válidas por dos días después de las elecciones y que tuvieron que esperar hasta el martes porque la tienda estuvo abarrotada el lunes.
Según la ley electoral mexicana, dar regalos a los votantes no es un delito a menos que esté condicionado a su voto o a influir en él. Además, los partidos deben informar a las autoridades del costo de los regalos y no pueden exceder los límites de gastos de campaña. Las violaciones de estas normas suelen ser castigadas con multas, pero generalmente no se consideran motivo para anular unas elecciones.
En los últimos días de la campaña, funcionarios del PRI negaron acusaciones similares acerca de que el partido había distribuido tarjetas de débito de un banco local.
Humberto Fayad, vocero de la cadena de tiendas Soriana, negó que la empresa hubiese vendido grandes cantidades de tarjetas electrónicas al PRI.
"No hay ningún acuerdo entre Soriana y el PRI, ni entre Soriana ni ningún partido político. Soriana es una empresa apolítica", declaró Fayad.
Antes de la elección, el PRI acusó al conservador Partido Acción Nacional (PAN), cuya candidata quedó en tercer sitio en las votaciones, de entregar despensas durante la campaña y aseguró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), recibió financiamiento ilegal en la campaña. Ninguna de estas acusaciones han sido demostradas.
El viernes previo a la votación, el PRD _cuyo candidato Andrés Manuel López Obrador quedó en segundo lugar_ emitió una declaración acompañada de fotos de decenas de las tarjetas de Soriana, diciendo que habían sido distribuidas por un sindicato afiliado al PRI. El PRD, de tendencia izquierdista, dijo que presentó una denuncia ante las autoridades electorales.
Las acusaciones de compra de votos no se limitan a la ciudad de México y las quejas se acumulan en varios estados que estaban en disputa. El PAN acusó a la campaña de Peña Nieto de adquirir unas 9.500 tarjetas prepagadas con un valor de 71 millones de pesos (5,2 millones de dólares) para regalar a cambio de votos. Las autoridades dijeron que una empresa compró esa cifra de plásticos, pero no ha encontrado evidencia directa de la compra de votos. La investigación continúa.
Alfredo Figueroa, miembro del consejo del Instituto Federal Electoral (o IFE, la oficina que supervisó los comicios), dijo el martes que las autoridades investigan las denuncias de las tarjetas de Soriana. Miembros del IFE han dicho que estaban al tanto de las tentativas de compra de votos.
También ha habido irregularidades en los conteos de votos. Figueroa dijo que podrían derivar en un recuento de los votos procedentes de más de 50.000 centros de votación, cerca de un tercio de los 143.000 involucrados en la votación del domingo.
El martes, sin embargo, López Obrador dijo que su equipo había detectado irregularidades en 113.855 centros de votación y pidió un recuento mucho más amplio.
"Es evidente de que se gastaron miles de millones de pesos en comprar votos, que desde luego rebasaron con mucho el tope establecido por la ley", dijo López Obrador en referencia al PRI. "Es una vergüenza nacional", agregó en conferencia de prensa.
López Obrador se ha negado a aceptar los escrutinios preliminares, diciendo que toda la campaña electoral estuvo empañada por gastos excesivos y un trato favorable a Peña Nieto en la televisión mexicana, la cual está bajo control prácticamente monopólico.
Muchas personas también se preguntaban por qué las encuestas preelectorales mostraban a Peña Nieto con una ventaja de dos dígitos porcentuales, casi el doble del margen con el que realmente ganó. Con el 99% de los votos del recuento preliminar, López Obrador estaba abajo por sólo seis puntos porcentuales.
El margen más estrecho de lo esperado está alimentando las sospechas entre los seguidores de López Obrador sobre la imparcialidad de las elecciones y el lunes se negaron a aceptar la derrota, tal como lo hicieron cuando el candidato izquierdista perdió la muy apretada carrera presidencial de 2006. En esa ocasión hubo meses de disturbios políticos, pero esta vez López Obrador no ha llamado a sus seguidores a protestar en las calles.
López Obrador sostuvo desde el inicio de la campaña que las casas encuestadoras estaban manipulando sus cifras para promover la idea de que el candidato del PRI estaba al frente y por mucho.
Los encuestadores rechazan las acusaciones, diciendo que posiblemente algunos votantes cambiaron de opinión en la última semana, un período en el que la ley prohíbe difundir encuestas nuevas.
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La periodista de The Associated Press Adriana Gómez Licón contribuyó a este despacho.