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Región de Guatemala en estado de sitio tras toma de unidad militar

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El ministro de Gobernación declaró el estado de sitio en una región norteña de Guatemala el martes por la noche después de que más de 200 personas encapuchadas blandiendo machetes y palos, y con armas de fuego tomaron un destacamento militar en Barillas, en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México. 

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla anunció el envío de tropas militares y fuerzas policíacas desde la capital para restaurar el orden. Dijo que también había ordenado una investigación para corroborar los hechos. 

Las autoridades guatemaltecas informaron que las personas habían evacuado el destacamento militar pero que la situación caótica persistía con viviendas encendidas y obstáculos en la ruta hacia Barillas.  

El vocero del ministerio de Defensa, Rony Urizar, dijo que el disturbio se produjo a raíz de que una persona fue abatida a tiros la misma tarde del martes y que los habitantes querían exigir justicia. 

“La turba de más de 200 personas se infiltró en el destacamento militar, golpeando a soldados y oficiales”, explicó Urizar a The Associated Press durante una conversación teléfonica. 

Agregó que, “ellos creen que el asesinato del fallecido tiene que ver con la presunta presión que estaba ejerciendo una empresa de hidroeléctrica en la zona”. 

Un comunicado emitido por la empresa Hidro Santa Cruz, que construye la hidroeléctrica en cuestión, exhorta a que el gobierno restablezca el orden ya que “a pesar de las cuantiosas perdidas materiales y amenazas sufridas en el desarrollo de nuestro proyecto nunca hemos respondido con amenazas ni violencia hacia los detractores del proyecto”.  

El altercado entre militares y civiles dejo herido a un militar con lesiones en la cabeza el cual fue transportado al hospital. También desaparecieron tres soldados armados pero fueron encontrados en horas de la noche, señaló Urizar. 

Durante el gobierno del anterior presidente Alvaro Colom (2008-2012) se decretó el estado de sitio en dos ocasiones. La primera en Cobán y luego en Petén después de una masacre en la que 27 campesinos fueron asesinados, en su mayoría decapitados, en una acción que fue atribuida al cartel mexicano de los Zetas en el 2011. 

Durante años campesinos y grupos defensores de los derechos humanos en Guatemala han denunciado las técnicas de empresas y del gobierno para apoderarse de tierras en el país. 

Un informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en marzo reveló que el organismo judicial emitió 44 órdenes al ministerio público con el fin de llevar a cabo desalojos con el apoyo de la Policía Nacional Civil. 

La mayoría de los desalojos ocurrieron en el Valle de Polochic (Alta Verapaz), los cuales afectaron a 732 familias de la etnia qeqchis, 139 campesinos en el departamento de Retalhuleu y 69 familias en el Parque Sierra en Petén.

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