La decisión fue proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena al resolver una acción popular interpuesta por una usuaria del transporte intermunicipal de Turbaco que alegó violación a los derechos colectivos a goce del espacio público, seguridad pública, acceso a los servicios públicos y derechos de los consumidores y usuarios, debido a que los buses dejan a los pasajeros en las afueras de la ciudad.
Ante los derechos supuestamente afectados, la demandante pretendía que se revocara la orden de evitar que los buses intermunicipales entrarán a la ciudad.
El Distrito alegó que existe una sentencia del Consejo de Estado que lo obliga a cumplir con el Decreto 2762 de 2001 y por ello se ordenó impedir que los buses de servicio intermunicipal llegaran hasta el Centro de la ciudad, como lo hacían en años anteriores.
Por tal medida fueron obligados a llegar a la Terminal de Transporte y también se les prohibió recoger o dejar pasajeros por fuera de ésta zona.
Según sentencia del Juzgado, el estricto cumplimiento de un deber legal no puede generar responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos enunciados en la acción popular.
Según el Distrito, el hecho que esa medida genere incomodidades en un sector de la población no quiere decir que éstas sean desproporcionadas frente al mínimo de aceptación que impone la convivencia social y la necesidad de conservar valores superiores.
Es de anotar que el Distrito evitó la llegada de los buses hasta Cartagena desde septiembre de 2010, y debido a ello se generaron protestas y desmanes tanto de conductores como de pasajeros provenientes de localidades como Turbaco, Arjona, Turbana y otros.
Tal situación generó una polémica y dividió a la opinión pública. Por un lado, los habitantes de Turbaco, Arjona y Turbana dicen que la prohibición del ingreso de estos automotores a la ciudad dificulta su llegada a sitios de estudio o de trabajo, y hasta amenaza su seguridad.
De otra parte, los cartageneros, especialmente los residentes en barrios donde los transportadores intermunicipales fijan estaciones satélite, no veían la hora en que el Distrito obligara a los buses a ir directamente a la Terminal de Transporte.
Pese a este fallo, la usuaria demandante podrá apelar ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, que deberá decidir de manera definitiva si accede o no a las pretensiones de ésta.
