Quien rechifle o le haga burlas o cualquier otra acción discriminatoria a un hombre o mujer homosexual puede enfrentar un proceso penal en el que podría resultar condenado a 36 meses de prisión y multado hasta por 15 salarios mínimos legales vigentes.
La sanción es la misma para quienes hostiguen a una persona o a una comunidad por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural.
La discriminación o actos de racismo en cualquiera de sus formas son delitos en Colombia contemplados en la Ley 1482, sancionada el 1 de diciembre de 2011.
La ley estípula como circunstancias de agravación punitiva seis casos: que la conducta se ejecute en espacio público, establecimiento público o lugar abierto al público; que se realice a través de la utilización de medios de comunicación de difusión masiva; que sea realizada por un servidor público o que se efectúe con ocasión de la prestación de un servicio público; o esté orientada a negar o restringir derechos laborales.
Es también motivo de aumento de pena, que la acción esté dirigida contra un niño, niña, adolescente o persona de la tercera edad.
Blindaje de derechos
Esta ley, que modifica el Código Penal, es resaltada por la población LGTB (lesbiana, gay, transformistas y bisexuales) como uno de los mayores avances en Colombia en el último año dado que blinda los derechos de igualdad de sus miembros.(Lea: LGTB, en mayúsculas)
En el primer semestre de vigencia, la Ley 1482 se ha utilizado seis veces: contra el presidente de la Difútbol, Álvaro González Álzate, quien en declaraciones a los medios de comunicación calificó de “enfermos” a los homosexuales tras enterarse de la orientación sexual del arbitro Óscar Julián.
La segunda persona denunciada fue el diputado de Antioquia Rodrigo Meza por expresar que “meterle plata al Chocó es como meterle perfume a un bollo”.
Otra persona denunciada es la primera dama de Uribia, quien en mayo de este año, en un acto público, ordenó a una orquesta bajarse de la tarima porque su cantante es gay.
La concejal de Barranquilla Esther Molinares, también, enfrenta una denuncia penal luego de expresarse en contra de un programa de promoción de las comunidades homosexuales y lesbianas en una discusión del Plan de Desarrollo de la capital del Atlántico.
El anterior secretario de la conferencia episcopal de Colombia, monseñor Juan Vicente Córdoba, por afirmar que darle en adopción un niño a una pareja homosexual es como “darle una colombina a un diabético”.
El concejal de Bogotá Jorge Durán, también fue denunciado por utilizar la frase “como merienda de negros”. Todos los casos están en proceso en la Fiscalía.
“Colombia ha avanzado en los últimos años en materia de reconocimiento de derechos de la población LGTB, en el espacio jurídico, más no es el ámbito socio cultural. Por eso es importante empezar a educar a la gente para influenciar cambios de conducta y de pensamiento.
“Hay mucha gente con miedo de expresar su orientación homosexual por la presión social a la que deben enfrentarse. En la Costa Caribe conocemos de cinco casos de suicidio en los que las víctimas han dejado por escrito que se han quitado la vida porque no soportan la presión social a causa de su condición sexual, dos han ocurrido en Barranquilla, dos en Cartagena y uno en San Juan”, afirma Wilson Castañeda Castro, director de la Corporación Caribe Afirmativo.
Otras leyes
Entre el 2011 y el 2012 se han producido tres fallos de la Corte Constitucional, relevantes para la población LGTB.
El primero que avala las manifestaciones de afecto en espacio público, el segundo que ordena a los bancos de sangre quitar el veto para que homosexuales donen sangre y el tercero que le ordena al Inpec crear políticas internas dentro de las cárceles que eviten la vulneración de los derechos de los homosexuales.
“Este último punto es muy de interés en Cartagena porque la cárcel de Ternera es pionera en liderar, a través de su área de Trabajo Social, un programa de acompañamiento a los internos homosexuales para que sean respetados dentro del penal”, expresa Castañeda.
Mapa
Para llevar una relación organizada del avance del reconocimiento de los derechos de la población LGTB, la Asociación Ilga, que trabaja a favor de estas personas, publicó un mapa que evidencia la situación en América Latina.
El mapa resalta a Argentina y Brasil como los países más avanzados en la aceptación homosexual y a varias islas del caribe, como Guyana, Trinidad, Barbados y Antigua Barbuda, donde la legislación estípula cárcel para los homosexuales, e incluso para sus progenitores y amigos.
Celebración anual
La situación jurídica y socio cultural de la población LGTB en Colombia, pero especialmente en la Costa Caribe, serán tratados en tres foros que se realizarán en el Centro de Formación de la Cooperación Española el 17, 24 y 31 de agosto a las 5 p.m., donde se desmenuzarán las razones de por qué “la discriminación es un delito”.
Para ello, en la primera jornada están invitados Alexander Pérez Álvarez, docente de la Universidad de Cartagena, trabajador social y director de investigación de la Corporación Caribe Afirmativo; Natalia Sorzano, abogada, directora de la Oficina de Asuntos LGBT del Ministerio del Interior en Colombia y Guillermo Correa, investigador de la Escuela Nacional Sindical, especialista en asuntos discriminatorios en afros y LGBT.
En la segunda jornada, se hablará sobre experiencias legales de atención a crímenes de odio, con la participación de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Audiencia Provincial de Barcelona (España); Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar; el cartagenero Edwin Salcedo, consultor de USAID en Colombia, que participó en el proceso de redacción de la Ley 1428 de 2011; y Germán Rincón Penfertty, abogado, con experiencia de litigio en tribunales Internacionales y consultor para la OEA y Naciones Unidas en temas LGBT.
En la tercera se tratará el tema “La vivencia de la discriminación” con un panel de víctimas, y la presentación a las 7 pm de la obra “Lo que callamos sobre los tacones” del grupo teatral TRANSformando, que tratará temáticas que afectan a la población de personas trans en Cartagena como la realidad sociosanitaria a que se enfrentan, la estigmatización social-laboral y la violencia (física, verbal y psicológica). La obra también es de entrada libre.
