La participación de estas personas dentro del proceso no indica que estén siendo investigados, solo obedece a la solicitud que hiciera la Fiscalía Seccional 16 de Delitos contra la Administración Pública durante la audiencia de formulación de acusación realizada el miércoles anterior ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena.
En este proceso se investiga a la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Florez, y otros personas más, entre los cuales un directivo del Hotel Dann.
Las personas citadas entre las que se encuentran miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, de la Dirección General Marítima, Capitanía de Puerto, del Incoder, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de la Secretaría de Hacienda Distrital, topografos e ingenieros.
Entre los llamados a declarar durante la etapa de juicio se encuentra el ex capitán de Puerto de Cartagena, capitán Víctor Hurtado; el congresista William García Tirado, la directora del Incoder, María Luisa Brochet; el secretario de Hacienda, Roberto Useche; el curador urbano Luis Bustamante, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Irina Junieles (ex secretaria privada de la alcaldesa); el ex alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, José Ricaurte, entre otros.
Estas personas son consideradas como testigos dentro del proceso y serán llamadas a declarar a medida que el juez lo estime necesario.
La próxima audiencia, que será la preparatoria para el inicio del juicio, se tiene prevista realizar el 4 de octubre próximo, dada las múltiples audiencias represadas del Juzgado ante la congestión de procesos que afrontan los pocos juzgados de conocimiento que funcionan en esta ciudad.
Además de la mandataria de Cartagena, en este proceso se investiga a la ex secretaria de Hacienda Vivian Eljaiek; al representante del hotel Dann, Luis Édgar Restrepo; al asesor externo de la Alcaldía, Giovanni Torregrosa, y al avaluador de bienes inmuebles, Rafael Enrique Ceballos.
A juicio de la Fiscalía, la venta se dio sobre un bien de uso público en El Laguito, en especial un sector de playa, pese a las advertencias que tenía el Distrito por parte de la Capitanía de Puerto y la Dimar de que ese bien no podía ser sujeto de negociación.
