En un comunicado publicado en su página de Internet, la Procuraduría explicó que “intervendrá en una audiencia pública” el 31 de marzo, “para adelantar el trámite conciliatorio” entre los Jara y el Estado, representado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Alan Jara es acompañado en la demanda ante el Tribunal Administrativo del departamento de Meta por su esposa, Claudia Rugeles; su hijo, Alan Felipe, y su hermana Zaida María.
“En la audiencia pública, que se cumplirá ante un agente del Ministerio Público... los convocantes buscarán conciliar los daños materiales, morales y a la vida de relación, sufridos durante el secuestro del ex mandatario (Jara) mediante una indemnización” por más de 8.000 millones de pesos (un poco más de 4,2 millones de dólares), agregó el comunicado.
El objetivo de la demanda es que se declare a la “Nación como responsable por su acción u omisión respecto de los daños” sufridos durante el cautiverio por el conocido ex rehén.
Al menos otros seis políticos que fueron secuestrados por las Farc y luego liberados también han demandado a la Nación.
