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Defensor del Pueblo habla sobre amnistía propuesta por la Fiscalía

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Luego de la propuesta del fiscal Eduardo Montelaegre de establecer una serie de amnistías condicionadas a los miembros de grupos armados ilegales luego de un proceso de paz, el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, expidió un comunicado haciendo referencia al tema.

En uno de los apartes de la misiva, Pérez sostiene que “todos los esfuerzos que se adelanten para promover condiciones que faciliten una transición hacia la desmovilización de los grupos armados ilegales que permitan la superación del conflicto interno, deben ser apoyados por todos los sectores del país, siempre que los mismos sean compatibles con los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

En el documento descrito, el Defensor del Pueblo hace una serie de alusiones a los tratados internacionales con el objetivo de que en la propuesta del jefe del investigador, en caso de ser concretada, se garantice los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre los casos en los que se ha visto inmersa.

“El Defensor del Pueblo recuerda que las leyes de punto final, las amnistías en blanco, las autoamnistías, o cualquier otra figura similar que tenga como propósito negar el uso de un recurso judicial efectivo a las víctimas, han sido consideradas -en el ámbito del derecho internacional- como una infracción del deber de los Estados de proveer dichos recursos para la protección de los derechos humanos”, argumenta Pérez.

Acto seguido, el comunicado de la entidad advierte que es necesario, en el evento de que llegue a ser realidad la iniciativa de Montealegre, se lleven ante la justicia a aquellos que hayan perpetrado delitos considerados como de lesa humanidad.

Pérez enfatiza sosteniendo que “el Estado colombiano debe atender a los compromisos que ha adquirido al suscribir los distintos instrumentos internacionales que buscan la guarda y la realización de los derechos humanos. Del mismo modo, las obligaciones con las víctimas que deben ser garantizadas como ideales democráticos propios de un Estado Social de derecho”.

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