El nombre de la exdirectora del CTI fue vinculado al escándalo cuando se conoció que su hermana, Olga Lucia Méndez, firmó un contrato por 65 millones de pesos por un año para el “servicio de operarias y cafetería del Gaula de la Policía”.
Así mismo se pudo comprobar que su hijo Said Idrobo obtuvo un contrato entre marzo y abril de 2010 por 50 millones de pesos, mientras que su exesposo también figuró como contratista de Fondelibertad, de acuerdo con la denuncia basada en un informe de auditores del Ministerio de Defensa.
En parte por estos hechos, Marilú Méndez presentó su carta de renuncia en noviembre del año pasado, argumentando que “el hecho de que mis familiares hayan sido puestos en el ojo del huracán por presuntas contrataciones irregulares con Fondelibertad es algo que no puedo soportar”.
La exfuncionaria afirmó al momento de renunciar que nunca recomendó a ninguno de los miembros de su familia, para que lograran beneficiarse de la consecución de contratos en Fondelibertad.
De acuerdo con denuncias sobre el caso de la ex directora del CTI Marilú Méndez, su hijo, hermana y ex esposo recibieron contratos de Fondelibertad que habrían sumado hasta $286 millones de pesos.
Sobre la investigación abierta por estas y otras denuncias sobre el manejo de recursos en Fondelibertad, se espera que en las próximas semanas la Fiscalía tome una decisión acerca de la suerte procesal del entonces director de la entidad, Harlan Henao.
En este escándalo están vinculados familiares de otros altos funcionarios del Estado, como del ex comandante de las Fuerzas Militares y actual embajador en Austria, general Freddy Padilla De León.
