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La Judicatura rechaza una de las tutelas contra el Procurador

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La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura rechazó la tutela interpuesta contra el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, por presuntas falsas declaraciones sobre los anticonceptivos.

La tutela presentada por la organización Women’s Link World Wide, en cabeza de Mónica Roa, contra el jefe del ministerio público y las procuradoras delegadas para para la Función Pública y para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, afirmaba que estos funcionarios violaron el derecho a la información, al declarar que las píldoras anticonceptivas basadas en sustancias como el Levonorgestrel eran de carácter abortivo, lo cual es falso.

Según la Judicatura, la tutela se rechaza por que el hecho no está relacionado con el derecho a la información, sino con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional que ordenan a las entidades públicas brindar el acceso a la información cuando estén cobijadas por uno de los casos en que el aborto es permitido en Colombia.

La Sala también determinó la improcedencia del recurso porque los hechos demandados se presentaron hace meses e incluso años, además de que no fueron presentados en su totalidad. También argumentó que las accionantes no actúan en representación de otras mujeres, ya que “ninguna accionante adujo o probó que en virtud de los hechos expuestos en la tutela, no haya accedido o no pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados por la Corte, o a la anticoncepción oral de emergencia”.

El Consejo Superior también advirtió que existen otros mecanismos jurídicos, a los que las tutelantes pueden acudir si consideran que dichos funcionarios violaron el derecho a la información de la ciudadanía. Entre ellos, podría estar la presentación de una tutela ante la Corte Constitucional.

Ésta es la cuarta tutela que se falla a favor del Procurador quien ya ha sido acusado por discriminación, violación a la libertad de cultos y por permitir que sus creencias religiosas influyan en su gestión pública.

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