La Contraloría General de la República denunció el pasado martes una serie de irregularidades que encontró en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del 2016, en diferentes zonas del país. El caso de Cartagena fue el que más llamó la atención por las cifras que entregó el contralor Edgardo Maya: pechugas a $40 mil, $39 millones en canela y la compra de 2 millones 500 mil panes, desataron una nueva polémica en la ciudad.
Hasta el momento, los medios de comunicación y opinión pública no habían tenido acceso a las pruebas de la Contraloría en este caso, y la información giró en torno a las irregularidades en los procesos de contratación y la responsabilidad de los operadores. El Universal tuvo acceso a tres facturas de compra del Proescolares 2016, consorcio que ganó la licitación pública del PAE en 2016, evidenciando los sobrecostos señalados por Maya.
En las dos primeras facturas, con fecha del 13 de agosto de 2016 y el 12 de septiembre de 2016, Proescolares realizó dos compras, cada una por $2.327 millones. En estas facturas se resaltan 6.840 kilos de frijol de cabeza negra a $5.100 el kilo, 25 mil kilos de carne a $11.000 el kilo, 15 mil kilos de bofe a $9.000 el kilo y 40 mil kilos de pechuga a $7.000 el kilo, entre otros.
Aunque en estas primeras facturas la Contraloría General no halló alguna irregularidad, sí fueron la base para encontrar sobrecostos en posteriores compras. El 23 de noviembre de 2016, Proescolares realizó una nueva compra, esta vez por $47 millones. En esta factura el ente de control sí encontró una serie de irregularidades.
Mientras que en agosto y septiembre el operador compró el kilo de pechuga de pollo por $7.000 la unidad, en noviembre la adquirió a $40.000, lo que significa un aumento del 471%. Aunque las pechugas de pollo han sido el centro de la noticia, las facturas también revelan otro exceso en los precios. En las compras anteriores, el kilo de carne molida se pagó a $10.000, en noviembre, este mismo producto se compró a $38.000 el kilo, con un alza del 280%.
De mercado en una ferretería
La adquisición de estos integrantes por parte de Proescolares en los meses de agosto, septiembre y noviembre se hizo en una empresa llamada Comercializadora La Nueva Esperanza S.A.S. Esta empresa, como se ve en las facturas, fue la que cobró los mismos productos a un precio diferente.
Más allá de los sobrecostos que se han evidenciado, conocer cuál es la empresa que le vendía productos a Proescolares abre un nuevo frente a una polémica que ya tenía bastante tela para cortar. Según conoció El Universal, la principal actividad de la Comercializadora La Nueva Esperanza es el comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio.
El registro de esta empresa en la Cámara de Comercio de Cartagena y el Registro Único Empresarial y Social confirman que esta es su actividad principal. Además, desde abril de 2016 tiene cancelado su Registro Único de Proponente. Su registro mercantil dice que en ella solo trabajan dos personas.
Según información entregada por la Contraloría a este medio, para poder ser contratada como proveedora en negocios de alimentación la empresa agregó a su actividad comercial el suministro de productos perecederos y no perecederos para el consumo humano. Sin embargo, su actividad principal se concentra en ferretería. Finalmente, El Universal fue a la dirección que aparece en el registro mercantil, pero no encontró ninguna empresa con estas características.
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