El vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró en exclusiva a El Universal, que con el aval del presidente Juan Manuel Santos dio la instrucción de derogar la Resolución 0022 de la Autoridad Marítima Nacional (Dimar) que otorgó a la asociación Marina Park S.A.S una concesión por 20 años para construir y operar la Castillo Landing Place Marina, en Castillogrande.
La decisión se conoció luego de que los vecinos de Castillogrande y Bocagrande alertaran al Distrito sobre la aprobación de la marina, en la que se había ignorado un concepto negativo emitido por la Secretaría de Planeación, que consideró que ese proyecto, junto a dos más, violarían el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
En los documentos remitidos a la Dimar, en septiembre de 2016, la secretaria de Planeación del Distrito, Luz Elena Paternina, indicó que “el uso principal del suelo donde está el proyecto es destinado a actividades de carácter residencial, vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. A su vez, el uso compatible está destinado a actividades de carácter Comercial 1 e Industrial 1. En cuanto al uso complementario, el POT establece que las actividades son de carácter institucional 1 y 2, y Portuario 1, el cual únicamente permite embarcaderos”.
Habla el contralmirante Romero
El contralmirante Pablo Emilio Romero, director general de la Dimar cuando fue aprobada la concesión le dijo a este medio que dicha marina fue aprobada porque tenía la anuencia de la administración distrital anterior, es decir, la de Dionisio Vélez, y además había cumplido con todos los demás requisitos, por lo que darle el visto bueno era obligatorio, no opcional. Romero dijo haberle dejado claro al alcalde Manolo Duque, opositor de las marinas en áreas residenciales desde su campaña, que si no quería la marina de Castillogrande, debería iniciar un proceso legal de revocatoria.
Duque, según el contralmirante Romero, le dijo que no se metería en ese proceso legal, pero que le enviaría un concepto negativo para dicha marina, emitido por la secretaría de Planeación y dado a conocer en El Universal de ayer. A estas reuniones, de las que hubo al menos cinco en Cartagena, asistían personal de la Alcaldía, de la Dimar y de la Vicepresidencia, entre otras entidades, según el contralmirante Romero.
Sin embargo, antes de conocer la orden de derogar la disposición de la Dimar, la Administración Distrital aseguró que no fue notificada sobre el permiso otorgado a los particulares, por lo que la comunidad anunció que acudiría a la vía jurídica para anularlo pues, según afirmaron, además de afectar la movilidad y tranquilidad del sector, el proyecto representaba una burla contra la autoridad local.
“Conforme a la ley”
Diana Barboza, gerente de Marina Park S.A. S emitió una comunicación en la que resaltó que la concesión entregada para la construcción y operación de la marina se realizó conforme a los requisitos de ley y al debido proceso.
“Confiamos en que acatando el ordenamiento legal vigente y preservando los intereses de la ciudad, las autoridades locales garanticen la ejecución de las obras, del que será sin dudas un proyecto innovador, que contribuirá a consolidar a Cartagena como uno de los mas atractivos destinos turísticos y náuticos del mundo”. La empresa no se pronunció respecto a la derogación de la Resolución 0022.
Rechazo de todos los sectores
El permiso de construcción de la Castillo Landing Place Marina fue rechazado por varios sectores de la sociedad, que cuestionaron la actuación de la Dimar y mostraron su apoyo al Distrito y a la comunidad en el proceso de impedir que el proyecto se llevara a cabo.
“La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) rechaza enérgicamente la forma inconsulta, precipitada, a espaldas de la ciudadanía cartagenera y de sus fuerzas vivas, con que la Dimar adjudicó la concesión para una marina en la bahía de Cartagena (...) una vez más el poder central se burla de Cartagena y atenta contra los más caros principios innegociables de autodeterminación y de ser propiciadores de su propio desarrollo”, indicó la SIAB mediante un comunicado de prensa.
Vivian Eljaiek, junto a otros representantes del Consejo Gremial de Bolívar, se reunió con el alcalde Duque en la mañana de ayer y expresó que “si el Distrito manifestó que la marina era inconveniente consideramos que fue un atrevimiento y una decisión de poder de la Dimar y que creemos que no está por encima de la autoridad local que es el alcalde Duque” y agregó que estudiarían la acciones legales que procederían en este caso.
El senador bolivarense Fernando Araújo también opinó: “Todo desarrollo y apuesta productiva se debe realizar con planificación y en armonía con las comunidades y el ordenamiento territorial. Eludir la apuesta por las marinas sería un grave error para la ciudad, sin embargo, construirlas sin concertar con las comunidades involucradas y sin conservar la armonía con la planeación territorial y marítima de Cartagena es igual de grave. Cada caso se debe mirar desde la óptica de sus realidades y no se puede imponer desde Bogotá”.
Todos los actores que hablaron contra la resolución de la Dimar sostuvieron que no estaban en contra de las marinas, pues estas son necesarias y representan progreso para la ciudad, pero señalaron que deben estar en los lugares adecuados y en armonía con la ciudadanía.
“No podemos estar más felices con esta noticia y estamos muy complacidos, con el gobierno distrital, con la Secretaría de Planeación que hoy se reunió con la Dimar en Bogotá, defendiendo el POT, y con los gremios. Cartagena se levantó para proteger a la bahía”, afirmó Gina Olmo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bocagrande.
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