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Los pecados que condenaron al Consejo Superior de la Judicatura

El carrusel de pensiones, la politiquería, las excentricidades de los palacios de Justicia y las manipulaciones de las actas de las salas, son -entre otras- algunas de las responsabilidades que se le endilgan al Consejo Superior de la Judicatura, que en la reforma a la Justicia ya garantizó su posible desaparición.

La suerte de esta corporación se definió el pasado jueves luego de la cumbre de poderes que citó el mismo presidente, Juan Manuel Santos, en la que se conocieron nuevos ingredientes de los posibles actos de corrupción en este organismo.

Los analistas consultados por este diario coincidieron en que la politiquería fue el detonante para que el Consejo de la Judicatura terminara afrontando la suerte que tiene en la reforma a la Justicia.

La directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, dijo que “creo que hay ineficiencia, ineficacia y cuestionamientos a sus miembros, pero hoy no hay nadie quién los defienda, están solos. No existe hoy una voz que hable a su favor”.

Y no es para menos. En la actualidad en la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Contraloría se adelantan procesos en contra de no menos de una veintena de magistrados por posibles favorecimientos a terceros en sus pensiones, porque -presuntamente-, tuvieron contratos de dos o tres meses que habrían significado aumentos sustanciales en sus mesadas pensionales.

Es por esto que Ungar desglosa los pecados que se cometieron previos a la condena. “Se están intercambiando favores con el Congreso” que son quienes los eligen y, además “lo que se observa es que en la reforma a la Justicia no se había tocado a la Sala Disciplinaria, que es la más cuestionada”, por lo que recalca que “los parlamentarios casi que prefirieron pasar de largo a esta sala y focalizarse en la Administrativa que hasta hace poco era la que se modificaba”.

Sin embargo, Ungar deja claro que la “política, per se, no contamina”, pero insiste que “hay algunos políticos que desdicen de esta actividad”.

El constitucionalista Juan Manuel Charry tiene claro que el mayor inconveniente de la Judicatura fue que sus integrantes se prestaron para los “intereses políticos” y que tomaron “decisiones enmarcadas a favorecer intereses particulares”, que determinaron los escándalos que los comprometen hoy en día.

Para Charry es evidente que el Consejo de la Judicatura se debe acabar, ya que en su visión, “una corte de esta no debe tener carácter constitucional” y recordó que “antes de la Carta del 91, la Procuraduría ejercía el control de los jueces y para los abogados debería existir un comité de ética, como funciona en muchos estamentos del Estado”.

El exvicefiscal Francisco José Sintura también cuestionó el origen constitucional de la Judicatura del que rechaza que se mantenga en un mandato superior.

Recordó que el mayor problema es el “origen del nombramiento de quienes llegan a la Judicatura, que vienen de la clase política y terminan amarrados a los intereses de quienes los eligen”.

Mientras tanto, el politólogo Ernesto Rengifo no duda en acusar que “el Consejo Superior de la Judicatura es un organismo corrupto”, debido a que “es un foco de corrupción que, ni siquiera, pudo acabar el expresidente Álvaro Uribe”.

Para Rengifo, los magistrados de la Judicatura “son de quinta” y recalcó que “para llegar a los más altos escenarios de las cortes se debe haber promovido por una universidad por lo menos”.

Casi en concordancia con lo que dijo el analista, el exviceministro Sintura dejó claro que el principal problema es que “en la Rama Judicial hay una innecesaria burocracia que determina todos los sobresaltos que se advierten en la opinión pública”, al referirse a los escándalos.

Reconoció que actualmente casi que no vale la pena la crítica, porque -de acuerdo con la óptica de Sintura- “es muy difícil cambiar las costumbres de quienes eligen a los magistrados de la judicatura”.

Mientras tanto, el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes se refiere a que quien define la suerte de la enmienda será la Corte Constitucional, porque “hay que determinar sobre si lo que reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura en la reforma a la Justicia va a mantener la autonomía de la Rama Judicial, es decir que esas nuevas figuras administrativas y judiciales van a garantizar la independencia de la justicia”.

A lo que se refiere el exmagistrado Cifuentes es a la propuesta aprobada en la mesa que reza que habrá, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, una Sala de Gobierno que tendrá representación de diferentes sectores de la Rama Judicial, así como de sectores especializados que ayudarán al Gobierno y a las cortes en la aplicación de políticas tendientes al mejoramiento del servicio judicial en el país.

Asimismo, Esguerra aseguró que en lo concerniente a la Sala disciplinaria, “en su reemplazo se presenta un consejo disciplinario que estaría integrado por cinco miembros, que pensamos que es un número suficiente, y que tendría a su cargo el control de carácter disciplinario de los jueces fundamentalmente”.

Y añadió que “en el caso de los funcionarios, los empleados judiciales, en principio, la idea es que ese control lo tendría a cargo la Procuraduría General de la Nación. Respecto a los abogados la fórmula podría ser que ello se hiciera por parte de un gran Colegio Nacional de Abogados que hoy no existe, o por unos colegios que aun no están suficientemente reglamentados”.

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