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Sesenta años de cárcel para alias "Fercho", por muerte de dos indígenas

En plena plaza pública del municipio de Toribío, alrededor de 15 mil indígenas presenciaron la aplicación de la justicia propia de los paeces para los siete guerrilleros que fueron detenidos por la guardia indígena tras el asesinato de Manuel Tumiñá y Daniel Coicué. 

Durante 7 horas se escucharon uno a uno los testimonios de los comuneros quienes asistieron el pasado 5 de noviembre a la jornada de control de territorio que se cumplió en las zonas de resguardo y que desencadenó el fatal desenlace para los dos miembros de la guardia indígena. 

“Los mayores escucharon las pruebas y testimonios de las personas que vieron todo y luego de una conversación decidieron con la asamblea impartir la sentencia en tres grupos diferentes“, señaló Manuel Dizú, uno de los cabildantes del lugar. 

Al final de la jornada la justicia indígena decidió quemar las armas que les fueron decomisadas a los guerrilleros, como una muestra de soberanía y de la paz que reclaman para su territorio y sus comunidades. 

EL CULPABLE Y LOS CÓMPLICES 

Las decisiones fueron tres diferentes y se repartieron en igual número de grupos de acuerdo con las responsabilidades que se establecieron durante la audiencia en la que se determinaron mayores detalles del asesinato de Tumiña y Coicué. 

Una persona fue quien disparó contra los guardias indígenas, cuatro más hicieron algunos disparos cuando los nativos destruían varias vallas alusivas a la guerrilla de las Farc y dos menores de edad que estaban en las filas guerrilleras, se encargaron de amenazar al grupo de comuneros cuando estos intentaron desarmar a los subversivos. 

Carlos Iván Silva Yatacué, alias de Fercho, fue quien acabó con la vida de Manuel Tumiña y Daniel Coicué, por lo que fue sentenciado a 60 años de prisión. Arsenio Vitonás Ramos, Eduardo Silvio Tenorio, Robert Pequí Paví y Jhon Freimar Dagua, quienes dispararon contra el grupo de nativos desde las montañas, recibieron una sentencia de 40 años de cárcel, y los dos menores de edad fueron sometidos a 20 juetazos, cada uno, antes de ser entregados el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Los guerrilleros mayores de edad, serán entregados al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en lo que denominan es la calidad de guardados, es decir, que la justicia fue impartida por las autoridades tradicionales, pero es el sistema judicial ordinario el que se encarga del cumplimiento de la sentencia. 

DERECHO LA VIDA Y LA PAZ 

Al finalizar la asamblea las autoridades decidieron quemar tanto los uniformes como el armamento que portaban los guerrilleros en el momento de su detención. 

Autoridades nativas como Manuel Cháves destacó que a pesar de las amenazas que se han conocido contra las autoridades ancestrales, se ha hecho una ratificación de su voluntad de paz y la exigencia al respeto de sus territorios. 

“Nosotros lo que queremos es que no haya ningún actor armado en nuestros territorios y esto que hacemos al impartir nuestra justicia y soberanía es una muestra y voluntad de la paz que queremos para nuestros pueblos y para todo el país“, puntualizó el nativo. 



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Comentarios

bien

Muy bien comunidades indigenas eso es lograr justicia pronta y efectiva, seria bueno que le prestaran unos cuantos miembros de su comunidad al poder judicial colombiano a ver si logramos descongestionarla.