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En 15 meses se detectaron 104 firmas ilegales en el país

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Entre enero de 2011 y marzo de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha dado a conocer 104  firmas que no cuentan con autorización ni vigilancia de la entidad de control para prestar los servicios financieros que ofrecen en las diferentes ciudades de Colombia.

Según un informe realizado por la entidad, el año pasado las alertas que lanzó la Superintendencia Financiera señaló a 84 firmas de hacerse pasar como empresas controladas y vigiladas, mientras que lo que va de este año, los casos han ascendido  a 20 alertas.

“A raíz de las campañas de advertencias y los canales de comunicación que ha instaurado la Superintendencia hemos visto que la consultas por parte de la ciudadanía para verificar si una firma es vigilada o no por la SFC se han incrementado.

Lo cual nos ha permitido identificar más casos en los que firmas se presentan como empresas vigiladas, para lograr que el público interesado en créditos les entregue depósitos, bajo la promesa de desembolso de un crédito más económico, que nunca otorgarán y depósito que jamás será devuelto”, afirmó el Superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Hernández Correa.

Acorde con datos proporcionados por la entidad de control y vigilancia, las consultas ciudadanas en 2011 fueron de 120, mientras que en los primeros meses de 2012 abarcan 35, de las cuales, en muchos de los casos se repiten la misma firma, por lo que las alertas son mucho menores que las consultas.

Y es que en algunos casos estas firmas no vigiladas emplean nombres similares o denominaciones propias de las entidades que están bajo la inspección y control de la Superfinanciera, generando confusión entre la ciudadanía, tal como la “Financiera Juriscop Hr”, que por no estar sometida al control de la Superintendencia, no puede emplear en su nombre la palabra “Financiera” y que además  simula el nombre de la cooperativa  Financiera Juriscoop, que sí se encuentra bajo la inspección y vigilancia de la entidad de control.

“Existen falsas cooperativas que utilizan este ropaje para dar crédito, lo que pasa con las firmas sobre las que alerta la Superfinanciera es que éstas entidades utilizan el buen nombre de las cooperativas consolidadas, y logran engañar a la gente, afectando la imagen de nuestro sector”, agregó la directora de Fogacoop, Martha Teresa Durán.

El problema radica en que estas firmas se hacen pasar por empresas vigiladas para atraer víctimas, ofreciendo el otorgamiento de créditos a personas que no tienen historia crediticia o que no cuentan con los requisitos necesarios para solicitar un crédito en la banca, y generalmente piden el pago de seguros o cualquier otra figura para garantizar el desembolso del supuesto préstamo, tal como un contrato de cumplimiento y garantía, en el que exigen dinero, antes de entregar el préstamo para tenerlo como respaldo del mismo.

Además, son firmas que se caracterizan por no tener una dirección o un lugar físico al cual acudir, y si lo tiene, probablemente no corresponda a la firma que lo anuncia ni una persona que se pueda identificar, ya que todo se realiza por  teléfono o vía mail.

“En estas operaciones predominan los medios virtuales y los celulares. Esto, a diferencia de las pirámides, no es un proceso donde se promete un rendimiento y se devuelve, esta práctica se podría considerar como un robo bajo engaño”, precisó el abogado penalista, Carlos Rozo.

Es así como cuando la Superintendencia Financiera de Colombia  detecta que, en efecto, existe una firma que se presenta vigilada cuando no lo es, bajo el precepto de que esta empresa está engañando, el ente de control  informa a la Fiscalía General de la Nación para que se encargue de seguir el proceso correspondiente, por lo que la Superfinanciera llama usurpación de marca.

Además, le contesta a la persona que refirió la consulta, advirtiéndole que no es vigilado y notificando a la ciudadanía mediante comunicados.

“La Superintendencia desde la emergencia social creó un grupo con un objeto exclusivo para prevenir el ejercicio ilegal de la actividad financiera adoptando las medidas de carácter administrativo que prevé el estatuto, como  ordenar la suspensión inmediata de operaciones, la congelación de cuentas, disponer el traslado a la Fiscalía y  a la Superintendencia de Sociedades de todos los expedientes, para que ésta adelante el proceso de intervención administrativa, que se estructuró para devolverle rápidamente los dineros a los afectados”, reiteró Hernández Correa.

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