El tercer gobierno de Alejandro Char adjudicó en diciembre la remodelación del Estadio Metropolitano ‘Roberto Meléndez’ por $173.000 millones al Consorcio Metroestadio, que compitió con dos oferentes más.
Como suele suceder en Barranquilla, hubo poca pluralidad porque el proceso se convocó con la figura de crédito al proveedor, la misma que caracterizó el segundo gobierno de Char y con la que esta capital ha logrado, en gran medida, la transformación de su infraestructura pública. En palabras castizas: el contratista pone la plata y el Distrito le paga a plazos; en este caso, con intereses del 12% efectivo anual por hasta 10 años.
El Consorcio Metroestadio está conformado por cuatro empresas; las dos que tienen la mayor participación, el 80%, son las barranquilleras Convías y Terrapin. Sus rostros detrás son Luis Francisco Ovalle Llinás y Daniel Vives De Andreis, respectivamente.
El grupo empresarial Terrapin - Convías ha participado en distintos consorcios y uniones temporales, ganadores de contratación pública durante la última década en Barranquilla y Atlántico. Por ejemplo, integraron el Consorcio Diamante, constructor del Estadio de Béisbol ‘Edgar Rentería’, la obra más costosa de los Juegos Centroamericanos celebrados en 2018.
Durante el segundo gobierno de Eduardo Verano en Atlántico, Terrapin SAS y Mavig formaron parte de la Unión Temporal Insa, ganadora de un contrato por $32.041 millones que intervino los hospitales de Malambo, Manatí, Campo de la Cruz y Candelaria.
En 2020, durante el gobierno de Elsa Noguera, la Gobernación del Atlántico le adjudicó al Consorcio Salud Milenio -en el que participaron Terrapin SAS y Convías SAS- un contrato para la construcción y el funcionamiento de los hospitales y puestos de salud del Atlántico.
Además, Terrapin y Convías son los constructores del Edificio Vive Río, las dos torres de 33 pisos cada una que se erigen en el Malecón de Barranquilla.
No sorprende, entonces, que bajo el esquema del crédito al proveedor, los ganadores sean viejos conocidos del charismo: contratistas con fornido músculo financiero y experiencia, que tienen cómo sufragar el flujo de caja que exige poner la plata y cobrar a plazos.
Por eso, el debate de fondo no se agota en el Consorcio Metroestadio, sino en el modelo con el que Barranquilla viene renovando su infraestructura pública: uno que, por sus características financieras, no brinda reales garantías de competencia. Y aunque señalar esa consecuencia genere una ola de odio digital, con frases como “petristas”, “comunistas” o “patrañas de periodistas”, decirlo no es atacar la transformación de la ciudad ni desear que los ganadores sean determinados nombres: es un ejercicio de transparencia que pone en evidencia la escasa pluralidad de oferentes que este esquema potencia.
La discusión no debería girar en torno a descalificar al mensajero, sino en revisar las condiciones que, reiteradamente, hacen previsibles a los ganadores con plata pública en Barranquilla.