¿Por qué la oposición, incluido Cambio Radical, está contra el Fast Track, una vía rápida para aprobar las leyes para terminar la guerra con las Farc, entregar sus armas y desaparecer como grupo guerrillero? ¿Su interés es defender la legalidad, o un mezquino cálculo electoral?
El Fast Track lo aprobó el Acto Legislativo 01/2016 (AL 01) para tramitar en el Congreso con velocidad las leyes para implementar el acuerdo de paz, y que se pueda hacer en menos de la mitad del tiempo ordinario.
El problema es que el artículo 5 del mismo AL condicionó aplicar este Fast Track a la refrendación popular del acuerdo de paz. Para el Centro Democrático (CD) y los demás del ‘nunca’ a la paz, su mínima victoria en el plebiscito significó enterrar el AL 01 y la obligación de seguir el más demorado trámite ordinario.
Como el mismo CD demandó el AL 01 cuando creía perder el plebiscito (e intentó retirar la demanda cuando lo ganó) ahora corresponde a la Corte Constitucional decidir la legalidad de usar el Fast Track.
Sin pretender ser experto, el sentido común muestra varios hechos que permitirían anticipar una decisión positiva de la Corte, sobre todo que existe un nuevo acuerdo, con muchos y sustanciales cambios al texto anterior; la Corte sentenció que si un acuerdo no fuera aprobado en el plebiscito, el presidente tenía las facultades para negociar un nuevo acuerdo, como se hizo, incluyendo la mayoría de las propuestas de los voceros del ‘nunca’.
Este nuevo acuerdo fue refrendado por mayoría absoluta en el Congreso. Como lo establece el artículo 3 de la Constitución, el Congreso es la expresión indirecta de la soberanía popular, y no hay duda que así se cumplió el requisito del artículo 5 del AL 01 y tiene validez todo el proceso establecido en dicha norma.
Desconocer la legitimidad del Congreso, e incluso proponer revocarlo, solo porque no tienen las mayorías para imponer decisiones como la nefasta reforma del articulito, es desconocer las reglas básicas de la democracia.
Una vía rápida para aprobar estas leyes no solo conviene sino que es casi indispensable para alistar la normativa en los seis meses del proceso de desmovilización y entrega de armas de la guerrilla. En caso contrario la incertidumbre podría llevar a partes de la guerrilla a no desmovilizarse, con el riesgo de romper el cese del fuego con su trágica secuela de víctimas y muertos.
La mezquina apuesta de los del ‘nunca’ es dilatar al máximo la implementación del acuerdo para ganar dos cosas: la mínima, que en la campaña presidencial del 2018 puedan repetir sus mentiras sobre la ilegitimidad del acuerdo y su refrendación en el Congreso; la máxima, hacer fracasar el proceso para mantener vivo el fantasma del castrochavismo que tanto les ha servido. Lo absurdo es que estas estrategias electorales se construyan sobre el dolor y la sangre de las víctimas que se evitarían con el fin del conflicto.
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