Cualquier propuesta de cese bilateral del fuego o desescalamiento del conflicto armado en nuestro país choca con un obstáculo insalvable en estos momentos: la desconfianza del pueblo colombiano en las intenciones de la guerrilla y el convencimiento de que está buscando una manera de evitar la presión militar, porque se siente acorralada y necesita un respiro.
Sin embargo, en la práctica, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), se ha producido ese desescalamiento a raíz de las treguas unilaterales decretadas por las Farc en los últimos tres años que, aunque oficialmente no han implicado suspender las operaciones militares del Estado, si causaron una disminución grande de las ofensivas y han implicado el silencio de los fusiles en algunas regiones.
Se requiere mucho más para empezar a mitigar los efectos de la guerra, especialmente entre la población civil, que un simple cese unilateral de hostilidades, sin quebrantar el mandato constitucional que tienen las Fuerzas Militares de proteger la vida y bienes de los colombianos, pero tanto partidarios como opositores del proceso no se han dado cuenta de que se dio un paso grande en ese sentido, aunque formalmente no se hable de tregua bilateral.
El Cerac dice que las operaciones militares durante las treguas de las Farc en lo corrido de las negociaciones de La Habana han sido “pocas, focalizadas, planeadas, y han tenido contundentes resultados”, así que estas treguas, aunque estrictamente el Gobierno no se haya comprometido con ellas, sí han tenido como resultado, precariamente es cierto, disminuir la intensidad del conflicto.
Ante la imposibilidad de cesar bilateralmente las hostilidades, por lo menos de manera inmediata y sin suscitar el reproche intenso de los sectores opuestos a los diálogos de La Habana, pueden darse algunos pasos para ir bajando los efectos de los choques armados, especialmente sobre los civiles, que terminan siendo víctimas física y psicológicamente al estar entre las balas.
Pasos como diferenciar entre combatientes y población civil, un compromiso de proteger a los civiles, usar la fuerza teniendo como criterios la absoluta necesidad y proporcionalidad, eliminar en las poblaciones el uso de las armas no convencionales, como cilindros bomba y minas, no realizar ataques indiscriminados, no destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, acordar procesos de desminado, suspender el ataque a la infraestructura estratégica del país, no ocupar escuelas, ni iglesias, ni abusar de la misión medica, no incurrir en ejecuciones extrajudiciales, ni en detenciones-secuestro, desapariciones, ni retenciones o capturas, entre muchos otros.
Para obtener la confianza del país, la guerrilla debe demostrar con hechos contundentes que su voluntad de paz es en serio y que las decisiones a que se comprometa en La Habana están en sintonía con este propósito y no son una estrategia para ganar un nuevo aire con el que proseguir la guerra, como ha hecho en otras oportunidades.