La Procuraduría General de la Nación recomendó a la Agencia Nacional de Tierras que “agilice los trámites necesarios para concluir el proceso de titulación a favor de la comunidad indígena Zenú de Membrillal, para darle una solución definitiva que permita reparar los daños sufridos por el desplazamiento forzado”.
La petición fue hecha a través de una carta enviada al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, en donde la procuradora delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, Andrée Viana, alerta sobre la necesidad de adoptar una “decisión proporcionada que tenga en cuenta los riesgos para las familias Zenú de Membrillal”.
“La Procuraduría insiste en recordar que el principio de proporcionalidad en este caso concreto debe incluir un análisis riguroso que tenga en cuenta que la comunidad indígena Zenú de Membrillal tiene un estatuto constitucional definido por su doble condición de sujetos de especial protección, por la acumulación de tres condiciones de vulnerabilidad, por las obligaciones estatales de garantizar la seguridad de la tenencia en clave territorial étnica y de vivienda digna para la población vulnerable, y por los estándares vigentes”, dice el ente de control, ante la orden de desalojo de un terreno en el cual están asentadas estas familias.
Ante esto, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay hizo un llamado el martes al Distrito y a los entidades que hacen parte de la decisión, para que observen la situación de vulnerabilidad de las familias indígenas.
Llamado a entidades
La Procuraduría alertó a través de este documento a la Unidad para las Víctimas, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Alcaldía Distrital y a la Alcaldía Local 3, sobre la necesidad de “activar los mecanismos de protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la supervivencia étnica y cultural y a la reparación integral de la comunidad indígena víctima del desplazamiento”.
El ente de control recordó que se trata de “104 familias indígenas del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal, víctimas del conflicto armado, que fueron desplazadas forzadamente hace dieciséis años del Resguardo Mayor de San Andrés de Sotavento ubicado entre los departamentos de Sucre y Bolívar”.
De otro lado el gobernador Turbay convocó a una reunión para el 6 de abril a todos los voceros de las entidades para buscar una salida a esta situación.
Distrito se pronuncia
A través de la secretaría del Interior, el Distrito expresó que: “desde hace ocho meses la alcaldesa local de la Localidad 3, ha venido cumpliendo con una serie de actividades en aras de dar cumplimiento a una orden judicial de entrega a un particular de ese predio; hay que recordar que ese predio no es del Distrito ni del Departamento, sino de un particular que mediante un juicio venció a todos los actores del caso. La solución del juez es que se desaloje el lote, pero la alcaldesa local ha venido reuniéndose con todos los actores para garantizar los derechos del Cabildo”.
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