“David Camacho era el verdadero dueño del contrato”: Fiscalía

08 de diciembre de 2018 12:00 AM

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Todo un monopolio de contrataciones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) habría montado David Camacho Benítez en Cartagena. La Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos, lo señala como el ‘zar’ de las contrataciones de los alimentos y el dueño de todos los realizados. Eso no es todo, sus presuntos actos punibles habrían llegado hasta otras ciudades de la Costa, manejando, según la Fiscalía, los proveedores, transporte y cuentas bancarias.

Según el ente acusador, por las irregularidades en los dos contratos celebrados: urgencia manifiesta en abril de 2016 y la licitación pública en agosto del mismo año, se habría presentado un detrimento patrimonial de más de $4.540 millones.

El juez 12 Penal Municipal con función de Control de Garantías oficializó las imputaciones que el ente acusador le dio al exalcalde Manuel Vicente Duque; el exsecretario de Educación, Germán Sierra Anaya; la funcionaria de la Secretaría de Educación, Mayiris Gómez Ballestas; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Muñoz; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Mercado, y a David Camacho Benítez.

Sin embargo, Sierra Anaya ni Mayiris Gómez se allanaron a los cargos que les imputó la Fiscalía, mientras que los otros cuatro procesados responderán el cuestionamiento el lunes en la tarde, cuando se retome la audiencia concentrada y después se defina qué medida se toma con los seis procesados.

“A partir de este momento tienen la calidad de imputados, entonces están vinculados formalmente al proceso con vigencia del 30 de junio de 2019. De cierta forma, como lo indicó la Fiscalía, hubo una apropiación y se quedaron con plata que no debían quedarse”, dijo el juez de garantías.

El material probatorio revelado por el ente acusador incluye facturas de compras ‘irreales’, es decir, que se cobraron pero no se entregaron los productos; compras de productos en tiempo donde no había estudiantes en clases, sobrecostos en productos y entrega de cheques por más de 100 millones de pesos a David Camacho. También la justificación de que la urgencia manifiesta no era procedente, porque los recursos estaban disponibles desde diciembre de 2015.

Las imputaciones

Los cargos imputados por la Fiscalía se dividieron, de acuerdo a los contratos celebrados, de la siguiente manera:

A Manuel Duque, en calidad de alcalde de Cartagena, en la urgencia manifiesta le imputaron prevaricato por acción en calidad de coautor a título de dolo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros; falsedad ideológica en documento privado; mientras que para la licitación pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales como coautor a título de dolo y peculado por apropiación a favor de terceros.

Germán Sierra Anaya, como secretario de Educación, en la urgencia manifiesta lo imputaron de prevaricato por acción como coautor a título de dolo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación a favor de terceros.

Por el contrato de licitación pública le imputaron contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

A Mayiris Gómez le imputaron contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros como calidad de coautora a título de dolo. Esto por la contratación directa de la urgencia manifiesta.

Mientras que por la licitación pública le imputaron contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros.

A Gladys Muñoz le allanaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales como coautora interviniente, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros. Esto por la urgencia manifiesta.

Y a Sandra Mercado la acusan de contrato sin cumplimiento de requisitos legales como coautora interviniente, falsedad ideológica de documento privado en 87 eventos como concurso homogéneo y sucesivo; falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros.

Ellas serían quienes, a juicio de la Fiscalía, obedecían las órdenes de David Camacho.

Este último fue allanado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales como determinador a título de dolo, peculado por apropiación a favor de terceros; falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado con seis eventos como concurso homogéneo y sucesivo. Esto en el contrato de urgencia manifiesta.

Mientras que en la licitación pública lo imputaron de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento privado en 87 eventos como concurso homogéneo y suceso; falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Los sorprendentes vínculos

En medio de la audiencia la Fiscalía desarmó cómo operaba la contratación y ejecución del PAE en la ciudad. “Qué coincidencia que un día antes (7-04-2016) de la declaración de la urgencia manifiesta de la Alcaldía de Cartagena, Gladys Muñoz registró su firma para una cuenta corriente de un banco y también registró la firma David Camacho para las condiciones de manejo. El 11 de abril, lunes, llegaron las propuestas de oferta”, explicó el fiscal.

Una que, presuntamente, envió Israel Calvo y que tras investigaciones se comprobó que era falsa, pues este manifestó no conocer de la invitación para participar del contrato y que su firma no era la correcta. La otra era de la Fundación Redcom, cuya representante legal era Gladys Muñoz. Sin embargo, la primera propuesta fue rechazada porque no cumplía con dos requerimientos, los cuales pudieron ser subsanables. “No era procedente el rechazo, componentes que eran subsanables. Hubo ausencia de objetividad y se da todo el trámite con la fundación, faltando al principio de transparencia y legalidad”, continuó el fiscal.

Para sorpresa, el fiscal indicó en la audiencia que se enviaron comunicaciones que fueron manipuladas por funcionarios. Desde la oficina de Mayiris, en la Secretaría de Educación, se habrían redactado algunas carta de rectores exigiendo la urgencia manifiesta para contratar el PAE. Y Germán Sierra, como secretario, el 30 de marzo de 2016 le pide al alcalde que se contrate este para 45 días calendario escolar mientras se contrata por licitación pública.

Quien avala la urgencia manifiesta es la contralora Nubia Fontalvo, de quien duda el ente acusador por el proceso que se adelanta en su contra y en el que está vinculado el exalcalde de la ciudad.

Entonces, la Fiscalía no se explica por qué la Secretaría de Educación no adelantó los procesos contractuales del PAE si ya transcurrían tres meses del año y el Concejo aprobó en 2015 recursos, por $8 mil millones de valor inicial, para este propósito.

Ahora bien, aquí el ente indicó que hubo apropiaciones de recursos de naturaleza pública por parte del contratista de $766.609.829. Se señala a Mayiris y a Sierra Anaya de contribuir a que se pagaran esos recursos porque no supervisaron el contrato.

Según la Fiscalía, David no figura en los documentos como representante legal de Redcom, ni de la Paletería (proveedor) o de la Comercializadora Nueva Esperanza (proveedor), ni del consorcio Proescolar, pero sí manejaba los recursos económicos.

“Había diferencia de precios en idénticos productos, se dejaron de entregar miles de panes que se compraron, así como la canela”. indicó el fiscal.

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