La Plaza de la Aduana fue el punto de encuentro para que los habitantes de los sectores: Lo Amador, La María sector Los Corales, Nariño, La Quinta, Las Delicias, El Pozón, San Bernardo, El Toril y El Espinal, protestaran porque dicen que desde marzo el Distrito no les ha dado la cuota mensual para pagar el arriendo y han sido desalojados de las viviendas.
Desde el 2004, muchas de estas personas perdieron sus viviendas a causa de deslizamientos de tierras, lluvias y vendavales. Pese a esto, los habitantes manifestaron estar cansados de pedir que les reconstruyan nuevamente sus viviendas y que el dinero que el Distrito les otorgaba no alcance para pagar la renta.
La mayoría de los damnificados son madres cabeza de hogar que tienen que completar el pago del arriendo, dejando de suplir otras necesidades básicas.
Francisco Aguirre, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de La María, comentó: “Desde hace ocho años se viene presentando esta situación, las personas que perdieron sus viviendas fueron reubicadas. Pero pareciera que estuviéramos en un asentamiento, estamos en condiciones indignas, la falta de pago a los propietarios ha generado que muchos de nosotros nos toque vivir casi que en la calle”.
SECRETARIO DEL INTERIOR: “10 DE DICIEMBRE HAY SOLUCIÓN”
Según los pobladores de los barrios afectados “cada vez que la comitiva se reúne con el Secretario del Interior para solucionar el problema de vivienda, se llegan a acuerdos pero la situación vuelve y se dilata postergando los pagos”.
El Universal se contactó con Nausicrates Pérez, Secretario del Interior, para conocer qué ha pasado con esta problemática. “Por una parte, la comunidad se alteró porque el Gobierno Nacional está haciendo el cierre de la convocatoria de vivienda a los damnificados de las temporadas invernales. Por otro lado, la administración anterior se había comprometido en la solución de vivienda pero como no hubo una verificación y actualización de la base de datos no se ha podido gestionar los recursos para la reconstrucción de vivienda”, afirmó el funcionario.
Además, manifestó que antes del 10 de diciembre debe estar la base de datos actualizada para gestionar los recursos y ponerle fin a esta situación.
