Mediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a José López Amaris y Enrique Chartuni González, gerentes de Transcaribe, por irregularidades relacionadas con el contrato de concesión para obras en el sistema.
Las irregularidades se presentaron en el contrato del diseño y construcción del portal El Gallo y el patio-taller del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Sitm Transcaribe), el diseño, construcción y operación del desarrollo inmobiliario que compone el portal y la construcción del tramo de corredor comprendido entre la terminación del tramo IV y la entrada del portal, y su área de influencia.
El Ministerio Público encontró que Chartuni González violó los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal, ya que utilizó prediseños que debía implementar el concesionario Portal Calicanto S.A.S. para el portal, los cuales tenían graves problemas técnicos y de planeación, lo que implicó que fuese necesario elaborarlos nuevamente por parte del concesionario.
De otra parte, se sostiene que Chartuni dio la orden al concesionario de modificar el esquema de operación de dos a tres operadores sin valorar previamente el impacto técnico y económico que esta decisión tendría en la ejecución del contrato de concesión, hecho que denota falta de planeación.
Frente a este hecho, el órgano de control concluyó que Transcribe no realizó ningún análisis financiero ni técnico frente al impacto que tendría la decisión de incorporar un operador más, en el desarrollo y ejecución de la concesión del Portal Calicanto S.A.S. y todo fue dejado bajo la exclusiva valoración por parte del contratista.
Con respecto a la conducta del señor José López Amaris, actual gerente de Transcaribe, la Procuraduría encontró que se abstuvo de iniciar los trámites inherentes a la imposición de multas en contra del concesionario Portal Calicanto S.A.S., ante sus constantes incumplimientos contractuales frente al avance del cronograma de obra y, en su lugar, suscribió dos otrosíes modificatorios con los cuales prorrogó el plazo para dichos cumplimientos.
Por último, se tiene que el ingeniero López Amaris no valoró el impacto técnico y económico que generaría en el contrato de concesión la suscripción de estos otrosíes, mediante los cuales se prorrogó el plazo de entrega de los hitos de las obras y se suspendió este contrato, “máxime si el contratista ya había anunciado los reconocimientos económicos que le conllevaría la citada suspensión, aspecto sobre el cual afirmó que se presentarían costos del orden de los 415 millones de pesos mensuales”.
A la fecha, la reclamación económica formulada por el concesionario a Transcaribe, asciende a la suma de $11.400 millones de pesos, relacionados con la falta de planeación que se encontró probada para los dos gerentes de Transcaribe.
Contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
