Cambiar la percepción de los cartageneros sobre los desmovilizados que se reintegran a la sociedad y ayudar a estas personas a tener nuevas oportunidades, es lo que busca la Agencia Colombiana para la Reintegración en Bolívar.
Para algunos no es fácil convivir con personas desmovilizadas, sin embargo usted podría estar rodeado de muchas de ellas y no se percata de que hicieron parte de las filas de grupos al margen de la ley, pues la agencia de reintegración se encarga de que estas personas dejen esas acciones en el pasado, tengan una nueva vida y hagan las mismas cosas que hace cualquier ciudadano.
Para Álvaro González Fortich, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Bolívar, programa con más de 10 años, que hace parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) de la presidencia de la República, pero con autonomía, parte importante de un proceso de reintegración es que las personas se acerquen a la comunidad que lo requiera y le devuelvan con servicio social, el haberlos recibido, esto se da no sólo por obligaciones legales sino como parte de su proceso de reintegración.
Pero para que estas personas se involucren con la comunidad deben pasar antes por un proceso de reintegración, donde deberán resolver asuntos legales por haber estado en combate, y demostrar que tienen derecho a los beneficios del programa de la agencia. Esta última les hace una valoración para determinar las condiciones personales de los desmovilizados, con base en esto se establece un plan de vida que dependiendo de lo que requiera el candidato a reintegrado, puede llegar a demorar hasta 7 años en culminarse.
En este proceso se desarrollan los aspectos familiares y productivos y se incluye la formación educativa ya sea asistiendo al colegio, si aún no son bachilleres, o ingresando a la educación superior, en este caso asisten al Sena; finalmente dependiendo de su vocación, ellos deciden si prefieren emplearse en una empresa o desarrollar su propio negocio, cualquiera de estos caminos tomados son apoyados por la agencia.
“Hoy en día generamos competencias y habilidades para enfrentarse a la vida, y lo hacemos también generando e identificando oportunidades ya sea con la comunidad, o el sector público”, dijo.
El servicio social es casi que la etapa final del proceso, quienes se van a graduar del proceso formativo después de culminarlo exitosamente, deben haber cumplido con 80 horas de servicio social.
Para este año, 284 personas pueden comenzar el servicio social y la mitad ya se va a graduar del proceso.
En el 2013 los servicios sociales se hicieron en bibliotecas, centros culturales, asilos y limpieza de caños, entre otros. De acuerdo con la necesidad que tenga la comunidad, estas personas ponen su tiempo a disposición de esta y la agencia gestiona los recursos que se usarán para lo que se vaya a hacer.
Para este año se trabajará en un asilo para personas de la tercera edad, la agencia gestionó la pintura y el material para la reconstrucción del lugar.
Los reintegrados también han hecho arreglos de espacios públicos, mejoras locativas como pinturas y construcciones menores; ornamentación y limpieza de calles. Los trabajos generalmente se hacen de la mano de vecinos de un sector y de las juntas de acción comunal.
Los desmovilizados reciben subsidios por cumplir a cabalidad su proceso de formación para la reintegración, y si asisten a las tres actividades del programa, tales como formación académica, asistencia a las citas con el psicólogo o al Sena, reciben $160 mil por cada una de estas, pero si asisten a las tres reciben hasta 480 mil pesos.
“La cifra no es grande porque no se busca que ellos vean esto como un sueldo sino como un incentivo para su formación”, dijo González Fortich.
En Cartagena el 81% de los desmovilizados está trabajando, sin embargo sólo la tercera parte de estos tienen un trabajo formal.
“Aún es un reto porque si tú llegas y te presentas a una empresa y dices que eres desmovilizado seguramente te cierren las puertas, pero otros sí quedan”, precisó el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Bolívar.
En Bolívar, el 90% de los desmovilizados son hombres y el 10% mujeres.
InseguridadUno de los retos de la agencia es según González Fortich, eliminar la creencia de que la inseguridad en la ciudad es a causa de los desmovilizados, pues en algunos casos, cuando se generan situaciones de inseguridad se le atribuye a ellos.
“La última estadística del 2013, arrojó que de 10 mil delitos que se cometieron en Cartagena, sólo unos 4 fueron cometidos por desmovilizados. El 85% de las personas no lo hace porque aprovechan el programa”, dijo.
El nivel de reincidencia es del 15 al 20% en el país, cuando estas personas no aprovechan el programa y vuelven a delinquir pierden los beneficios del programa y también su libertad.
Cuando una persona es amenazada se le hace un estudio de nivel de riesgo, se le da un subsidio y es trasladada a otro sitio de residencia.El año pasado se desmovilizaron 1500 personas de las Farc en el país, ellos escogen la ciudad donde quieren vivir, generalmente es en un lugar alejado de donde se desmovilizan.La regional de Cartagena que cubre hasta Mompox, tiene 800 personas desmovilizadas, la mitad de estos viven en Cartagena, el resto está en Magangué y los Montes de María. Por su parte el sur de Bolívar es atendido desde Barrancabermeja.
Un desmovilizado favorecido
Pablo Andrés Coneo es uno de los beneficiados con este programa. A Coneo la agencia le ayudó a montar su propio negocio, un minimarket en el sur de la ciudad y una lavandería, en donde además se ofrece servicio de fotocopias, impresión e internet.
Coneo trabaja en el lugar con sus dos socios desde el pasado 15 de octubre y deben permanecer dos años en el negocio para convertirse en propietarios, mientras tanto obtienen un subsidio.
“Estoy aprendiendo cada vez más del negocio, tenemos un líder que nos ayuda a administrarlo, pero ya nos deja solos porque lo hacemos bien”, sostuvo.
Como este, se abrirán 15 negocios en la Costa, de los cuales Cartagena tendrá cuatro, para apoyar a personas reintegradas que quieran superarse.
El punto de venta es financiado por Coltabaco y la ACR con recursos de la organización internacional de migraciones.
Por su parte, la lavandería es gracias a la alianza con Surtigas.
La inversión de este punto fue de 15 millones de pesos y se invirtieron 15 millones más para el sostenimiento los primeros 6 meses.
