El nuevo organismo deja de ser un programa de la Secretaría del Interior y pasa a ser un ente independiente del Distrito como lo establece la Ley 1523 de 2012 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el proyecto de acuerdo 001 del 2016 que aprobó el Concejo.
La oficina que está en normal funcionamiento se encargará de administrar el presupuesto destinado para el Fondo de la Gestión del Riesgo de Desastres.
"Es un gran avance para la ciudad tener una oficina exclusiva para la Gestión del Riesgo. Cartagena se ha visto afectada en los últimos años por fenómenos naturales como la remoción de masas, inundaciones y la erosión costera, por lo que es necesario aplicar todos los planes y programas indicados para preservar la seguridad y vida de las personas, permitiéndoles a los cartageneros tener una ciudad más preparada”, señaló Laura Mendoza Bernett, coordinadora de la entidad.
Según la funcionaria, que Gestión de Riesgo funcione como una entidad independiente traerá grandes beneficios para la ciudad, ya que en los proyectos se podrá contar con el apoyo financiero de entidades públicas y privadas.
PRESUPUESTOEsta nueva dependencia contará con unos ingresos específicos determinados por el acuerdo 001 del 2016, provenientes del 1 % de los Ingresos Corrientes de Libre destinación (ICDL) y del 5% del Sistema General de Participaciones (SGP).
Estos rubros serán consignados por la Secretaría de Hacienda, en el Fondo de Gestión del Riesgo, a través de unas subcuentas destinadas para el conocimiento y reducción del riesgo, manejo de desastres, protección financiera y fortalecimiento institucional.LEY 1523 de 2012Es la primera política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para Colombia que modifica la estrategia de asistencia a personas afectadas, permite tomar decisiones oportunas y ejecutar presupuestos necesarios para la atención de las emergencias, donde participan los sectores público, privado y comunitario.
Esta dinámica de organización es ahora una política de desarrollo, primordial para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, ya que está directamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.
