Aunque en el plano local es una verdad bastante conocida, la delicada situación en la que están las cárceles de Cartagena fue reafirmada ayer durante la audiencia pública de seguimiento que sobre esta problemática lideró la Procuraduría Regional de Bolívar, y contó con la participación del Dadis, Secretaría del Interior, Defensoría del Pueblo, Ese Hospital Local Cartagena de Indias y los directores de las cárceles de Ternera y San Diego.
“La Procuraduría está haciendo un seguimiento a la problemática, especialmente de salud, que aqueja a la población carcelaria, en virtud de una orden que la Corte Constitucional le impartió al Procurador General para que ese estado de cosas institucionales en que se encuentran los reclusos se pueda superar. En ese sentido, estamos liderando esta mesa de trabajo tendiente a hacer el seguimiento de las diferentes entidades para que dentro de su marco de competencias cumplan lo que le corresponde y puedan atender estas necesidades en la población carcelaria de Cartagena”, explicó Raúl Guerrero, Procurador Regional de Bolívar.
Durante la audiencia quedó claro que la situación del penal de varones es la más preocupante, especialmente por aspectos como el hacinamiento y la escasa atención en salud para los 2.398 reclusos que están en ese penal. No obstante, en la cárcel de mujeres también hay temas urgentes a atender como el traslado del penal, debido a la deteriorada infraestructura en San Diego.
Tras los diagnósticos presentados en la audiencia, se establecieron algunas medidas iniciales para continuar atendiendo la problemática desde las distintas entidades locales, sin embargo, se espera que desde el orden nacional se garanticen mayores acciones para minimizar las necesidades en las cárceles de Cartagena.CONVENIO CON EL INPEC
En la cárcel de Ternera, además de condenados, están recluidas personas en calidad de sindicadas –que en total son 1.296–, cuya atención integral corresponde al Distrito. Unas de las acciones iniciales para mitigar las dificultades en ese sentido, es la firma de un convenio por cerca de $500 millones con el Inpec.
“Se trata de un apoyo económico al Inpec para el cuidado de los sindicados que están a cargo del Distrito y están en la cárcel de Ternera. El convenio va dirigido a mejorar las condiciones salariales de los guardas, las instalaciones del centro penitenciario y la compra de un vehículo para el traslado de los internos a sus audiencias”, dijo Fernando Niño, secretario del Interior.
Sobre este mismo tema, la administración distrital asegura que en el Plan de Desarrollo se planteó como meta a largo plazo la construcción de un complejo carcelario en el que solo sean internados hombres y mujeres en calidad de condenados, para lo que previamente el Distrito debería solucionar la situación de reclusión de los sindicados tanto en Ternera como en San Diego. Además, se aspira a que terminado este cuatrenio, el convenio de apoyo económico establecido con el Inpec no sea solo de $500 millones, sino del doble.SALUD, EN CRISIS
El acceso a atención médica y la dotación de insumos y medicamentos es casi nula en la cárcel de Ternera, pese a que la población que requiere tratamientos urgentes padece enfermedades delicadas como cáncer, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial y afecciones cardiovasculares. Sumado a eso, el hacinamiento en ese penal, que está en un 96 por ciento, ha propiciado la propagación de enfermedades contagiosas, como zika, VIH, varicela, tuberculosis, dengue y chikungunya.
“El tema de salud en las cárceles es complicado, porque las condiciones higiénico sanitarias y de hacinamiento no permiten dar un parte satisfactorio. No hay una red de servicios contratada, el Ministerio del Interior, que es el responsable de garantizar el servicio de la salud de los internos, delegó al USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) y este contrató a Fiduprevisora, y, por ejemplo, apenas hace 8 días empezaron a atender a los enfermos con VIH de las cárceles del Distrito”, explicó Adriana Meza, directora del Dadis.
“No hay un contrato de medicamentos. Los insumos médicos que han tenido las cárceles durante este 2016 fueron aportados por el Dadis a través de una fundación internacional, porque esto tampoco se ha garantizado. Entonces, se han hecho la vigilancia y se ha suministrado lo que se ha podido, pero si a quien le corresponde no garantiza una red de servicios, la situación va a seguir siendo crítica. La Procuraduría se ha comprometido con nosotros a conminar a las entidades nacionales de Fiduprevisora y USPEC para que garanticen la prestación de servicios. Nosotros seguimos apoyando a las cárceles con el equipo de salud pública, pero necesitamos la red de servicios y los medicamentos”, agregó.
La atención del servicio de urgencias para los internos tampoco está garantizada, por lo que la ESE asumió la prestación de ese servicio, pese a no contar con contrato para ello.
“La situación del acceso a la salud en las cárceles de la ciudad es grave y está generando una crisis social. Por esta situación ya habíamos presentando una acción de tutela en contra de los organismos que creemos responsables. El fallo en primera instancia ordenó que se hicieran las contrataciones necesarias por parte del fondo de atención, que está a cargo de Fiduprevisora. Sin embargo, el martes visitamos la cárcel, encontrando que la situación está peor, por lo que interpusimos un incidente de desacato”, anotó Irina Junieles, defensora del Pueblo en Bolívar.
