Ayer se cumplió la audiencia de imputación de cargos de los tres funcionarios públicos del Distrito y los dos exservidores, acusados por la Fiscalía de cometer delitos contra la administración distrital.
Los procesados, quienes fueron capturados el martes pasado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), están vinculados a varias irregularidades al ejecutar un contrato administrativo, celebrado entre la Alcaldía Local 1 y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), en el 2011 para realizar 32 obras en algunos barrios como San Francisco, Pablo Sexto, Las Brisas, Paraíso Segundo, El Bosque, Juan XXIII, entre otros.
De las obras contratadas, solo 15 se ejecutaron, 10 se suspendieron, dos se anularon y cinco nunca se realizaron.Amaury Lora, exalcalde de la Localidad 1, fue acusado de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por beneficio a terceros. El sindicado podría pagar una pena de hasta 22 años de cárcel.Según la Fiscal a cargo, el contrato firmado entre Lora y Augusto Mainero, gerente de Edurbe en ese entonces, desde el principio mostró faltas a los principios legales de transparencia, pues se acordó que el anticipo del contrato fuera del 100% del valor de las obras, una condición ilegal. Es de anotar que contra Mainero existe una orden de captura vigente.
La Fiscal señaló que al momento de contratar los trabajos no se hizo la licitación pública requerida para que el Distrito escogiera la mejor opción, sino que se contrató de manera directa con Edurbe, justificando que la institución contaba con la capacidad administrativa para adelantar los trabajos, pese a que en ese momento tenía un déficit de $4 mil millones.
Frente a estas situaciones, el ente acusador argumentó que hubo dolo para apropiarse de los recursos que provenían del Fondo de Desarrollo Social.
En este caso también está involucrado Ramón Expósito Vélez, actual gerente de Edurbe, a quien se le señala de abuso de autoridad por omisión de denuncia, quien está vinculado con la liquidación del contrato y la devolución del dinero de las obras no ejecutadas ($723 millones) para el año 2020 sin indexar, lo cual también contribuye al detrimento patrimonial. Por este mismo delito también fue acusado Mauricio Betancourt, quien sucedió a Lora en la Alcaldía Local 1.
A Boris Borja y Alfonso Echevarría, interventores del contrato, se les acusó de peculado por apropiación y prevaricato por omisión, pues habrían firmado unas actas de finalización de obras que no corresponderían a la realidad.
Las diligencias continúan hoy con la audiencia de medida cautelar, en la que se definirá si los detenidos serán recluidos en un centro penitenciario o no.
