Luego de la sustentación del abogado Rubén Galarza, apoderado de Elsa Malo de Camacho en el proceso que se adelanta por la disputa de 6.000 metros cuadrados en el barrio Ceballos, quien indicó que la señora es la legítima dueña de los tres lotes en los que hay 321 casas escrituradas a nombre de los habitantes, Corvivienda salió al paso indicando que no fueron ellos quienes legalizaron esas viviendas sino un Juez de la República.
“En ese entonces Corvivienda acompañó a la Junta de Vivienda de Ceballos, pero no fue la encargada de dar la titularidad. Fue el juez Sexto Civil del Circuito quien declaró la pertenencia a nombre de la comunidad”, expuso una abogada del ente distrital.
La jurista agregó que no es cierto que el proceso se hiciera a espaldas de Elsa Malo, porque se solicitó un certificado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y fue expedido un certificado de no propiedad, lo que significa que el predio aparecía sin dueño. “Nosotros no tenemos responsabilidad por los errores registrales que tengan estos tres folios de matrícula, que le hayan impedido a Instrumentos Públicos mostrarlos en una certificación especial de no propiedad”, añadió.
LITIGIO MULTIMILLONARIO
El proceso está cerrado en su parte investigativa, ahora se está a la espera de que el fiscal que lleva el caso decida precluir la investigación y archivarla, o ir a juicio ante los jueces penales del circuito de Cartagena.
De igual forma, Corvivienda señaló que en caso de que se falle a favor de la reclamante por los $17 mil millones que pide de indemnización, se desangrarían las arcas y se anularía el presupuesto equivalente a 3 años, por lo que no se podría invertir en ningún proyecto de vivienda de interés social para los menos favorecidos.
Sobre el litigio, el abogado Galarza señaló: “Ellos no pueden alegar eso, el Alcalde y el Distrito pueden coadyuvar a ese pago. Las apreciaciones sobre las consecuencias sí se tienen en cuenta, pero la ley es la ley. Corvivienda está admitida como tercero civilmente responsable y debe responder. Eso fue motivo de apelación y la Fiscalía delegada Séptima del Tribunal conformó y vio todos los motivos jurídicos por los cuales Corvivienda debía responder por esa situación, todo se debatió y se comprobó”.
