Funcionarios del Ministerio de Vivienda estuvieron ayer en Cartagena para inspeccionar cómo avanza el proceso de desalojo de tres casas del programa “100 mil viviendas gratis” en Villas de Aranjuez, que deben devolver los beneficiarios al Gobierno por hacer mal uso de estas.
La visita se realizó luego de la emisión del acto administrativo que confirma la decisión de reasignar los inmuebles y de la notificación por escrito a los beneficiarios.
En caso de que las familias no entreguen las casas por voluntad propia, se acudirá a la Policía para que realice el operativo de desalojo, según lo informó William García, gerente de Corvivienda, quien agregó que se han identificado por lo menos 350 viviendas en Torres del Bicentenarios y Ciudad del Bicentenario, que están siendo mal usadas y que de esas, 35 tiene los procesos de revocatoria avanzados.
Según las investigaciones en dos casas se realizaron allanamientos en los que se comprobó la fabricación y venta de drogas.
El funcionario señaló que es la misma comunidad la que ha denunciado el uso indebido de las casas y recordó que las condiciones bajo las que se entregan los subsidios son: hacer uso de vivienda para el núcleo de familia beneficiario, por al menos diez años, no arrendarlas ni poner ventas o negocios y menos si son ilegales.
“Es doloroso que después de tanto esfuerzo para lograr estos subsidios le hayan dado mal uso y no la estén viviendo, pero se les va a dar la oportunidad a otras familias, que de verdad la necesiten y le den el uso para el que fueron destinadas”, dijo García.
Las casas desalojadas serán entregadas a las familias que se postularon para los subsidios y que están en listas de espera.Revocatorias en todo el país
A principios del mes pasado, la ministra de Vivienda Elsa Noguera, aseguró que son cerca de 1.600 procesos de revocatoria los que se iniciaron a nivel nacional y que el Gobierno no puede permitir que las casas subsidiadas sean usadas con fines fraudulentos.
Durante los procesos que lleva el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) se debe demostrar el uso inadecuado de los inmuebles y restituirlos mediante acto administrativo.
“El llamado a los beneficiarios de las viviendas es que las vivan y si no, que las devuelvan de manera concertada porque hay cientos de familias en Cartagena que sí las necesitan y que esperan por ellas”, puntualizó William García.
