“En Venezuela hice estudios de enfermería y trabajé en varios hospitales. Aquí, tengo que salir a vender pescado para poder pagar la pieza donde duermo”.
Colombia ha sido el principal receptor de venezolanos desde que arreció la crisis económica y política en el país vecino, a partir de 2014. Cifras de Migración Colombia indican que desde entonces más de un millón de personas han llegado al territorio nacional en busca de refugio.
Cartagena ha acogido a un buen número de esos inmigrantes, que no solo son personas nacidas en Venezuela, sino colombianos que tras vivir un “sueño americano” en ese país debieron retornar cuando la crisis los golpeó.
La inmigración proveniente de Venezuela a Cartagena está siendo documentada por el Distrito, a través de un grupo interinstitucional liderado por el programa de Derechos Humanos de la Secretaría del Interior, desde agosto de 2015. Sus cifras indican que en ese año atendieron a 909 personas que acudieron en busca de orientación, en 2016 fueron 822 personas y en 2017 van 1.159.
Las Localidades 2 y 3 son las zonas de la ciudad donde se encuentra mayor concentración de venezolanos y colombianos retornados, y el corregimiento de Bayunca se ha convertido en uno de los principales sitios de refugio de esta población. Hace pocas semanas se realizó en el lugar una jornada de orientación a venezolanos y colombianos retornados, y se identificaron 108 familias, compuestas por 359 personas, entre las que hay 143 niños.
***La pieza por la que Librada Meléndez paga $150 mil mensuales está en el sector 14 de enero de Bayunca. Ese sector es uno en los que más sobresale el acento venezolano en el corregimiento. Librada es colombiana, pero la mayor parte de sus 46 años los ha vivido en Venezuela, en ciudades como Caracas y Maracaibo.
“En Venezuela me casé y tuve tres niñas. Trabajaba en un centro médico, pero comenzaron a cerrar las empresas, no había comida y la poca que había, tocaba lucharla. Por eso decidí venir con mi marido y mis hijas a Bayunca, donde ya había vivido”, relata sobre su retorno al país, hace un año. Las tres hijas de Librada son menores de edad y ya tienen documentos de identidad expedidos en Colombia.
Armely García, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Secretaría del Interior, explica que la ruta que deben seguir venezolanos y colombianos retornados en el Distrito se inicia en la Registraduría, donde quienes tengan algún arraigo con el país –bien sea como colombianos o por ser hijos de colombianos– deben tramitar su documento de identificación nacional.
“Hace un mes la Registraduría Nacional emitió una circular que establece que todos los menores de 7 años con arraigo colombiano pueden ir a cualquier Registraduría auxiliar o especial para su registro, sin necesidad de apostillar documentos. Si son mayores de 7 años, sí tienen que acudir a una especial. Deben apartar la cita previamente por la pagina de internet de la Registraduría y llevar el documento de identidad del padre o la madre colombiana, su documento de identidad de Venezuela y dos testigos”, señala.
*** Jessica, una de las hijas de Librada, tiene 9 años. Al llegar al país tenía un alto grado de desnutrición. “Ya se está recuperando”, cuenta su madre recordando, que la gravedad del estado de la niña le impedía incluso caminar. Librada dice que su hija ha sido atendida en el centro médico del corregimiento.
Para acceder a atención médica subsidiada por el Estado, los venezolanos y colombianos retornados pueden tramitar un carné del Sisbén en la Casa de Justicia más cercana, para lo que debe acudir con su documento de identificación y pasaporte sellado. El Dadis aseguró que en 2016 se invirtió más de mil millones de pesos en atención médica a extranjeros en Cartagena, en su mayoría procedentes de Venezuela.
El acceso a la salud es una de las razones que más atrae a Colombia la llegada de residentes de Venezuela. Las mujeres en embarazo ven en Colombia garantías para el nacimiento de sus hijos. Génesis Sojo, originaria de Guarenas (al norte de Venezuela), coincide con eso. Tiene 23 años y los últimos meses de su cuarto embarazo los ha vivido en Bayunca, a donde llegó en diciembre junto a su marido, un colombiano criado en el país vecino. “Tengo principio de aborto, pero a través del Dadis me atienden en la clínica Maternidad”, comenta Génesis, quien está a la espera de obtener un carné del Sisbén.
Los hijos de Génesis tienen 2, 4 y 6 años. Solo la mayor ha podido reanudar sus estudios en Colombia, porque “me piden más papeles para los otros”. Sin embargo, Armely García aclara que no es estrictamente necesario que los menores cuenten con documentación colombiana para ser admitidos en las escuelas oficiales del Distrito.
“Hay que recordar que antes solo los padres colombianos con hijos venezolanos podían solicitar el cupo en las instituciones educativas y si lo conseguían, debían dirigirse a la Secretaría de Educación para avalarlo.
Ahora existe una directriz de Migración Colombia que establece que no se le puede negar el derecho a la educación a ningún niño extranjero venezolano, aunque sus padres no tengan arraigo con Colombia.
En esos casos, el rector de la institución en donde se solicitó el cupo debe acoger al niño con sus documentos de identidad de Venezuela y reportar el caso ante Migración Colombia. Esta directriz no establece un término de permanencia de los niños en la institución, es decir, si el niño se matriculó en 2017 y el próximo año aún no ha legalizado su identidad, el colegio está en la obligación de seguir garantizándole el cupo”, precisa.
Librada, en su caso, encontró cupo para que sus hijas continuaran estudiando, sin embargo, a una de ellas le tocó en el municipio de Clemencia. Espera trasladarla a un colegio en Bayunca en el próximo curso escolar. Según la Secretaría de Educación, 1.602 estudiantes venezolanos están vinculados a escuelas distritales, de estos 105 están en Bayunca.
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El Distrito resalta que permitir acceso a la salud y educación son sus principales obligaciones frente a la masiva migración desde Venezuela, ya que, por ejemplo, ha habido casos de vendedores informales o trabajadoras sexuales que pretenden legalizarse y seguir ejerciendo sus oficios, pero sin tener ningún arraigo con Colombia.
Migración Colombia indica que 25 venezolanos fueron deportados desde Cartagena en 2016 y en 2017 van 19. En 2016, tres fueron expulsados y en 2017 van 4. “La deportación es una de las sanciones que aplica Migración Colombia a extranjeros por infracción a la normatividad migratoria, según cada caso.
Esta sanción implica que deben salir del territorio nacional y no puede ingresar dentro de un término, que puede ser entre 6 meses a 5 años, y además deben tener una visa expedida por el consulado de Colombia en el exterior o la Cancillería.
La expulsión es una sanción más fuerte, según cada caso. Implica que la persona debe salir del territorio nacional y no puede volver a ingresar en un periodo que va desde 5 a 10 años. En el caso de quienes hayan sido condenados por delitos, no pueden volver a ingresar nunca más”, explica Néstor Castro, director de la Regional Caribe de Migración Colombia.
