Que la Clínica Barú sea el centro médico al que aparentemente son trasladados la mayoría de los heridos en accidentes de tránsito en Cartagena, despertó la atención de varios concejales el mes pasado. Les inquietó aún más que en un accidente sucedido –hace meses– en Bocagrande, los 12 heridos que dejó el hecho fueran trasladados precisamente a la clínica ubicada en el barrio Los Ángeles, sobre la avenida Pedro de Heredia, y no a otras mucho más cercanas. Ese cuestionamiento motivó un intenso debate en el Concejo, el cual incluso derivó en una visita inspectiva por parte del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) a la clínica Barú.
Aunque en el debate, que fue citado por el concejal conservador Jorge Useche, participaron representantes del Dadis, del Centro Regulador de Urgencias y Coordinación de Emergencias (CRUE), del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y de la Clínica Barú, quedaron algunos interrogantes por resolver, ya que en Cartagena hay 30 clínicas que atienden urgencias, de las que más de la mitad ofrecen servicios de traumatología, de acuerdo a información oficial.
Useche integraba la comisión accidental que se creó en el Concejo tras el mencionado debate, la cual debe hacer seguimiento a la situación expuesta y a los compromisos que algunas de las entidades requeridas se fijaron para mejorar la operación de la red hospitalaria del Distrito.
“Con esta visita del Dadis a la clínica Barú se espera aclarar denuncias como la recibida en ese mismo debate, en la que un ciudadano aseguró que sufrió un accidente frente a la clínica El Bosque, pero fue llevado a la Barú (en donde además habría recibido una discutible atención médica, según dijo). Esperamos conocer a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió ahí y analizar cómo es que hace esa clínica para recibir la mayoría de los accidentados de Cartagena”, explicó el concejal Useche a este medio (antes de ser detenido por varios delitos relacionados a un proceso judicial aislado a este tema).
Se supo que a través de distintos cabildantes el Concejo habría recibido más de 10 denuncias de hechos similares, en los que los presuntos afectados se quejan de que fueron llevados a la clínica Barú tras sufrir un accidente de tránsito en sitios distantes a ese centro médico. “La clínica participó del debate y respondió el cuestionario, pero, a mi juicio, lo hizo como se debe responder cuando se quiere decir lo que conviene. Sin embargo, no tengo la última palabra, es el Dadis el que nos tiene que informar sobre los hallazgos en la clínica Barú, de modo que como Concejo le podamos hacer llegar esos resultados a los entes de control que son quienes pueden juzgar, en caso de que así se amerite. Estamos vigilando y según lo que encuentre el Dadis, tendríamos que hacer un nuevo debate para continuar con este tema”, agregó el cabildante.
El Crue indicó que en el primer semestre de 2017 recibió 3.065 reportes sobre atención pre hospitalaria de parte de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la ciudad. De todos estos, 408 fueron solicitudes por heridos en accidentes de tránsito y la Localidad 1 fue desde donde se atendieron más casos, resaltando que por traumas ingresaron al Nuevo Hospital de Bocagrande 47 pacientes, mientras que a la clínica Barú 38, seguido del Hospital Universitario con 27 y la clínica El Bosque con 20.
La semana pasada, el Dadis concluyó el informe de la visita inspectiva que realizó a la clínica Barú y de acuerdo a Adriana Meza, directora de la entidad distrital, se hallaron “unos incumplimientos, pero que no dan para cierre de servicios”.LO QUE DEJÓ LA VISITAMeza dejó ver que los incumplimientos encontrados en la Barú están relacionados con aspectos estructurales de las instalaciones de la clínica. “La visita arrojó que deben hacerse algunos mejoramientos y entre 45 días y dos meses se les realizará una nueva visita para establecer si cumplió con lo recomendado, pero definitivamente lo que se encontró en este momento no da para cierre de servicios, sino para planes de mejoramiento”.
No obstante, la funcionaria advirtió que se revisará el Sistema de Referencia y Contrarreferencia que ofrece el Distrito, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por los concejales, en el sentido de que se unificara la comunicación de la red hospitalaria distrital, que está compuesta por cuatro líneas gratuitas de atención telefónica: 127 del DATT, 123 de la Policía, 119 de Bomberos y 125 del Crue.
“Los heridos están llegando a esta clínica porque se los están notificando directamente y no a las líneas oficiales. Entonces, la invitación es a que toda persona que reporte un accidente llame principalmente al 125. Es la única forma en que nosotros, según las ambulancias referenciadas de la ciudad y las clínicas cercanas, podemos enviar a los pacientes a las clínicas más cercanas al hecho, que tengan disponibilidad”, dijo Meza.
Adriana Meza agregó que “el conocimiento presunto que se tiene es que los pacientes son enviados a la clínica Barú porque esta le hace mercadeo a una línea privada de su propio sistema de referencia, y si los llaman a ellos, envían la ambulancia (…) Si una clínica tiene una línea de referencia con un servicio ofertado y recibe el llamado de un particular, el Dadis no puede sancionarla porque no está cometiendo ningún delito”.
Hay que recordar que a la fecha no existe ninguna queja ante el Dadis o la Superintendencia de Salud sobre la pertinencia, oportunidad o calidad de la atención en contra de la clínica Barú. El caso denunciado públicamente durante el debate, aún no ha sido remitido al Dadis de manera oficial por parte del afectado.
Durante el debate en el Concejo, Susana Rodríguez participó como representante de la clínica. Ante las preguntas en el debate expresó que “no contamos con una estrategia per se, sino que atendemos el llamado de la ciudadanía y autoridades cada vez que necesitan nuestros servicios, no solo en accidentes de tránsito, sino en cualquier tipo de urgencias médicas”, insistiendo en que el propósito es cumplir la Ley 1438, que señala que todas las IPS están en la obligación de atender las urgencias médicas de los pacientes. Pero teniendo en cuenta el supuesto mercadeo que se comentó que implementa la clínica, El Universal quiso confirmarlo con voceros de esta entidad, pero no se logró obtener respuesta.
No obstante, este medio pudo conversar con una persona que laboró para esa clínica, quien afirmó que existe un “plan de mercadeo y publicidad” para promocionar la línea gratuita #315, en donde reciben reportes de accidentes de tránsito.
“Los mismos paramédicos se encargan de hacer mercadeo y publicidad de la línea a personas del sector del transporte, ya que estas son más propensas a sufrir accidentes o presenciarlos. Se promociona con conductores de busetas, taxistas y mototaxistas, entregándoles mangas, suéteres, llaveros o stickers, en donde está impresa la línea para que la recuerden. El fuerte de esta clínica son los accidentes de tránsito, ya que su especialidad es la traumatología y hay otras clínicas que no la tienen, o si la tienen no manejan la facturación del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) … hay clínicas que no les gusta trabajar con SOAT, quizás por políticas propias”, mencionó la fuente, quien desde su experiencia afirma que no conoce otras clínicas que en la ciudad tengan una línea propia gratuita para recibir reportes de emergencia y además la promocionen.
INVESTIGACIONES POR FRAUDES AL SOAT
Los servicios médicos, de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, entre otros procedimientos practicados a quienes ingresan a clínicas por causa de un accidente de tránsito son pagados a través del SOAT, que busca garantizar la atención inmediata de las víctimas. Esa eventual condición hace que sea un negocio lucrativo, por lo que debate en el Concejo distrital nació de la sospecha de un supuesto “cartel”, la misma que se tiene en muchas ciudades del país. De hecho, el año pasado la Superintendencia de Salud identificó a 54 IPS del país en donde se estarían presentando estos intentos de fraude, evidenciados en “pacientes fantasmas”, doble cobro a una o más aseguradoras por el mismo servicio e irregularidades en las reclamaciones realizadas, en servicios como el transporte y movilización de los lesionados en accidentes de tránsito, alteración e inconsistencias en los datos suministrados en los formularios, e inexactitud e inconsistencias en los soportes de los pagos.
De esas IPS, 15 que operan en Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Magdalena y Tolima, fueron sancionadas. Este proceso de investigación avanzará de acuerdo a las ampliaciones de denuncia que haga la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y las aseguradoras a Supersalud, por lo que se esperan más sanciones. Consultada sobre si entre las 54 IPS identificadas hay alguna en Cartagena, la Supersalud no entregó detalles a este medio aduciendo que se trata de información reservada en la investigación.
