Los planes de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) de presentarle al Distrito y a la ciudad un informe detallado del método más efectivo para restituir 619,59 metros de espacio público ocupado indebidamente por el proyecto de vivienda de interés social Aquarela, no se cumplirá en el tiempo que tenía establecido y todo por una medida cautelar vigente.
Según le manifestó una fuente de la SIAB a El Universal, la Fiscalía tendría en su poder documentación de la Curaduría Urbana No 1, correspondiente a planos y licencias, por lo que hacer un diagnóstico concluyente respecto a vulnerabilidad sísmica y normas sismorresistentes sería irresponsable.
Es de recordar que la jueza 11 Administrativa de Cartagena negó el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas el 6 de diciembre de 2017, las cuales mantienen paralizada la obra, y de este modo se limita el cumplimiento del fallo proferido por la inspectora de Policía de la Comuna 2 en octubre del 2018. Es decir, que hay limitaciones no solo a los constructores, sino a la Alcaldía y a cualquier otro actor para intervenir el proyecto.
“Hay un impase de fuerza mayor y es que la medida cautelar no deja que se avance en el proceso para establecer un diagnóstico contundente. Por ende no se puede hacer oficial ningún informe. Sin embargo, esperamos que esta situación se solucione y en los próximos días se dé un concepto”, dijo la fuente.
Mientras esta situación se resuelve, el Distrito ha sido enfático en que está dispuesto a restituir el espacio ocupado por Aquarela. Fue por eso que el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, a través de un oficio con fecha del 6 de junio, le solicitó un concepto especializado a la SIAB.
“El Distrito considera que debe hacer cumplir su fallo y para eso estamos hablando con distintas entidades, entre esas la SIAB, para que nos rindan conceptos o nos ayuden técnicamente para soportar la decisión que, de acuerdo al método constructivo del inmueble, nos apunte cuál debe ser el procedimiento técnico para recuperar el espacio público, que ha sido determinado por la Alcaldía a través de un proceso policivo”, dijo el mandatario.
El 14 de junio pasado, a través de un oficio, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa le solicitó al alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, que tome las acciones necesarias para que se cumpla el fallo policivo de la inspección de policía de la Comuna 2, que ordenó a la Promotora Calle 47 S.A.S, constructores del proyecto de vivienda de interés social Aquarela, que restituya 619,59 metros de espacio público que ocuparon indebidamente en Torices.
“Se considera necesario que en aras de su debido cumplimiento se solicite un concepto técnico por parte de una organización o personas de reconocida idoneidad en temas relacionados con estructuras, para que se determine si efectuada la restitución ordenada, el inmueble se ajusta a los requisitos generales de diseño y construcción sismorresistente establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10”, dice el oficio.
