Aunque toda ley está por encima de las normas, la reglamentación de cada acto legislativo es necesaria para su aplicación.
En el 2019, varias leyes fueron aprobadas en el seno del Congreso de la República, las cuales esperan por su respectiva reglamentación en las ciudades.
Una de ellas es la ley que modifica el consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad.
Otra de las normas es la llamada la Ley Pro Bici, que fue aprobada y sancionada en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos, la cual es una iniciativa que busca generar mejores condiciones viales para los ciclistas urbanos, pero que no todos los colombianos que se movilizan en bicicleta conocen.
Tampoco se han implementado en muchos departamentos y regiones del país.
Esta y otras reglamentaciones, como el aterrizaje a nivel local de la Reforma Tributaria o del mismo Código de Policía, aún esperan para que el Distrito, por vía de la administración distrital, el Concejo de Cartagena o iniciativas de la misma sociedad civil organizada, sean aplicadas.
Aunque ya es ley de la República, en Cartagena aún falta que el Concejo Distrital apruebe un acuerdo que aclare las facultades que tendrá el alcalde para restringir el consumo de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis mínima, en espacios públicos como entornos escolares, parques y otros espacios delimitados por las administraciones.
Para el abogado Marlon Madiedo, “la iniciativa para reglamentar esta ley debe partir sino del mandatario local, en este caso el nuevo alcalde de Cartagena William Dau, debe ser iniciativa del Concejo o de alguna organización o movimiento ciudadano. Es decir, debe presentarse al Concejo un proyecto ajustado a la Ley y que aclare cuáles son los parques en los que tendrá aplicación la norma que restringe el consumo de drogas”, explica el abogado.
“Pero en Colombia parece que se hacen las leyes para que duerman el sueño de los justos, y para que no se apliquen o sepan cómo aplicarse; el liderazgo está en los administradores o alcaldes; porque debe entenderse que es el ejecutivo quien tiene que liderar la construcción de la reglamentación vía proyecto para que haya aplicabilidad de la ley en su propio territorio”, dijo el consultado.
“La reglamentación de determinada ley depende de las características de las ciudades; cada territorio es distinto en costumbres, espacios; y cada ley debe verse reflejada de acuerdo al territorio; recordemos las críticas al Código de Policía que para muchos no se consideraba aplicable en ciudades de la Costa, porque restringía o chocaba con algunas de sus costumbres”, recuerda Madiedo.
La norma aprobada otorga a los alcaldes la competencia para establecer perímetros para la restricción, el consumo y porte de sustancias psicoactivas, inclusive dosis mínima, en lugares públicos.
Prohibe el porte y consumo, incluida la dosis personal, en el perímetro de parques, centros educativos y áreas de interés, según sean definidas por los alcaldes de cada municipio.
Otorga a las asambleas o concejos de administración la función de regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en las zonas comunes de las propiedades horizontales.
Para que estas medidas puedan aplicarse, debe presentarse un proyecto de acuerdo, en el caso de los concejos distritales o municipales en lo que tiene que ver con Cartagena; y un proyecto de ordenanza, para el caso de las asambleas departamentales, que detalle o especifique estas competencias.
“Esperamos que este año con la anuencia del nuevo alcalde de Cartagena esta norma pueda ser aplicada en Cartagena con señalizaciones en los parques, y con un componente pedagógico”, dijo una fuente del Concejo de Cartagena a El Universal.
Otra de las iniciativas que esperan por su reglamentación en la ciudad, que fue aprobada hace tres años es la Ley Pro Bici, que busca generar mejores condiciones viales para los ciclistas urbanos. El senador Andrés Zuccardi expresó al respecto que “muchos de los colombianos que se movilizan en bicicleta no conocen la ley, ni en muchos departamentos y regiones del país se ha implementado. Por eso, como autores de la iniciativa, queremos conocer el panorama en el territorio nacional, conocer la situación actual de los ciclistas, sus principales dificultades y así llamar a las entidades públicas responsables a control político”.
Recientemente hubo polémica en la ciudad por el no uso de unas bicicletas dispuestas en las estaciones de Transcaribe, lo anterior puede ser efecto de la falta de reglamentación de esta ley.
Esta norma otorga descuentos a quienes se conecten a los sistemas de transporte de las ciudades en su bici, es decir, a quienes usen su bicicleta como alimentador. Además, establece más vacaciones a los servidores públicos que demuestren que viajan a sus lugares de trabajo en bici.
La Ley Pro Bici garantiza parqueaderos de ciclas en las estaciones de transporte y en edificios oficiales. Crea, además, un sistema de información de uso y protección de la bici, en donde los ciclistas urbanos pueden conocer de primera mano información referente a este medio de transporte y registrar sus quejas, solicitudes y reclamos. También permite la reutilización en centros educativos y en los sistemas de transporte públicos de bicis que han sido inmovilizadas y que no han sido reclamadas.
Desde que entró en funcionamiento el Código de Policía en 2018, muchos son los comparendos que la Policía ha impartido en toda la ciudad, en diferentes frentes como las riñas callejeras, la violación de los decibeles por picós y rumbas caseras, entre otros.
“Sin embargo, para algunos sectores, el Código de Policía merece una reglamentación local para que también se ponga freno a la conducta abusiva de ciertos agentes del orden. Es por ello que es necesario un proyecto de acuerdo que revise la aplicabilidad del Código en Cartagena”, dijo una fuente del Concejo a El Universal.