No hay servicio de agua potable, no existe un sistema de alcantarillado, no cuentan con gas ni con energía eléctrica. Los residentes de la invasión Bendición de Dios, en el Cerro de La Popa, sienten que viven en una selva lejana porque no gozan de ningún servicio público. Eso sí, son agradecidos porque desde hace siete años tienen un techo donde dormir.
Las más de 160 viviendas de madera y plástico construidas en este sector ecosistémico protegido, no han podido ser desmontadas por las autoridades, ya que a pesar de varios intentos de desalojo los derechos de estas humildes personas han primado, especialmente por los casi 300 menores de edad que allí residen.
Ni siquiera una orden del Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena del 22 de febrero de 2017 que obliga al Distrito a proceder con una reubicación y con una reforestación de la zona, ha valido para resolver la situación.
Yolima Puello, líder comunal del sector, lamentó que aún ella y sus familiares, al igual que sus vecinos, sigan viviendo en condiciones deplorables después de tanto tiempo.
“Si al menos nos autorizaran algún servicio todo fuera mejor, pero no tenemos derecho a nada. Aquí la luz que tenemos es pirata y de muy mal voltaje, nos daña cualquier electrodoméstico, solicitamos que al menos nos pongan un contador comunitario. Nos toca cocinar en leña como si estuviéramos en el monte, el que tiene y puede se compra su pipeta de gas y con eso se bandea, y ni hablar del agua, aquí nos traen carrotanques dos veces por semana pero a veces no nos alcanza”, manifestó la mujer.
Según los líderes comunales, en la zona ya hay aproximadamente 900 personas, puesto que en los últimos meses han llegado familias venezolanas que han aumentado la población. Allí, la mayoría vive del día a día en oficios como el mototaxismo, las ventas ambulantes y el rebusque en el mercado de Bazurto.
En la Bendición de Dios no existen conflictos entre vecinos ni se registran discordias entre jóvenes. Son gente unida con deseos de mejorar su calidad de vida. Por esa razón le piden al Distrito o al Estado que los legalicen o los reubiquen. “Somos gente que ha venido de diferentes lugares de Colombia, desplazados por la violencia, damnificados por olas invernales, personas que pagaban arriendo, aquí encontraron un lugar para vivir. Estamos en paz, pero no en buenas condiciones. Lo que le solicitamos a la Alcaldía es que nos deje viviendo aquí pero con los servicios legales, que nos permitan construir las casas en material, o de lo contrario que tumben todo esto y nos reubiquen en casas de interés social para que nuestros hijos crezcan en un entorno mejor”, añadió Daniel Cantor, otro gestor comunal de la Bendición de Dios.
Sobre la sentencia que ordena la reubicación de estas familias, la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena señaló que: “El Distrito viene adelantando las gestiones pertinentes para cumplir el fallo de sentencia AC P 042 del 22 de febrero de 2017. Para ello, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd) y Corvivienda se está trabajando en un convenio macro que busca dar una solución de vivienda a las personas que se encuentran en riesgo y que son objeto de protección a través de fallos constitucionales, entre los que se encuentran los sectores del Cerro de La Popa”.