Han pasado 16 años desde que empezó la construcción de la vía a Barú (en 2006) y el contrato que hizo el Distrito con el consorcio encargado de las obras aún no se ha finiquitado, teniendo en cuenta que hay varias controversias por resolver y que probablemente llevarán a la Alcaldía a una vibrante confrontación legal por un posible detrimento millonario por el que alguien deberá responder. (Lea: Se inician trabajos de mejoramiento en la vía de Tierrabaja y Puerto Rey)
Se trata del contrato de concesión VAL0206, para la “construcción y mejoramiento de la vía transversal de Barú”.
En una publicación anterior en este medio, la directora de Valorización Distrital, María Isabel Lugo, señaló que la vía no se había recibido porque no cumpliría con algunas especificaciones técnicas.
Una de esas presuntas inconsistencias es que la carretera tiene tramos dañados y que no se cumplió con el ancho que debería tener, pues la Ley indica que las vías terciarias deben tener 8 metros de ancho, mientras que la de Barú, que es de ese tipo, solo tiene 7.
“Propusimos hacer la vía del ancho que pide la Ley para las vías terciarias, pero luego de varias conversaciones se acordó con los contribuyentes, que pagan las obras por valorización, que la carretera quedaría solo de 7 metros, pues ellos alegaron que no tenían dinero para hacerla más ancha y así quedó estipulado en el contrato. Tampoco quisieron que en el contrato quedara establecido que como consorcio le hiciéramos mantenimiento a la carretera, porque decían que así también se elevaban los costos para pagar esas obras”, indicó Amín.
De hecho, en entrevista con El Universal, la directora de Valorización reconoció que, tras unas mesas de diálogo en busca de solucionar las diferencias respecto al proyecto, en las que participaron miembros del Concejo, el Distrito y el consorcio, quedó demostrado que sí hubo tal acuerdo con los contribuyentes respecto al ancho de la vía.
Otra de las críticas que se han hecho tiene que ver con las etapas en las que se dividió la obra: en tres tramos. “Dicen que el contratista dividió la vía en tres tramos y eso es mentira, porque no he visto en la historia que un contratista sea quien elabore un contrato con una entidad. En los pliegos de condiciones esto quedó establecido, y se hizo así por la complejidad del proyecto”, advirtió.
Uno de los tramos es el que está entre la parte continental, desde atrás de Abocol, hasta el comienzo del puente de Barú (5 kilómetros); y de la orilla del canal del Dique hasta Punta Iguana, donde comienza Playetas (23 kilómetros). El segundo tramo es el de Playetas y el tercero es el que va desde este último punto hasta el pueblo de Barú.
Amín explica que solo el tramo 1 y el tramo 3 se “regaron” a los contribuyentes (se estableció que los habitantes beneficiados con las obras debían pagarlas por valorización), pues el tramo de Playetas no contaba con licencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Amín señala que el tramo 1 se construyó y se recibió el 13 de diciembre de 2012.
Dice que solo hasta el 2016 el Distrito pudo conseguir la licencia ambiental para el tramo de Playetas, y que una parte de este fue construido gracias a una inversión de la Gobernación de Bolívar. Esto permitió que los vehículos pudieran pasar y fue así como a mediados de 2019 el concesionario empezó la construcción del tramo 3 (luego de una batalla jurídica con el Distrito por quién debía construir esa parte).
“La Gobernación contrató con nosotros y ejecutamos la primera etapa de Playetas, que terminó el 2 de abril de 2019. De ahí en adelante fue que pudimos entrar a hacer el tramo 3. El proyecto en ejecución realmente tuvo dos años. La vía de Playetas a Barú, la tercera etapa, la hicimos desde mitad de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2020. Así reposa en los registros. Esa no me la han recibido. Desde el 2006 hasta diciembre 13 de 2016 hubo 10 años en los que el concesionario no pudo intervenir el tramo 3 porque no podía pasar por Playetas. Por eso el contrato se extendió 16 años.”. (Le puede interesar: ¿Cuánto durarán las obras de mitigación del Salto del Cabrón?)
Amín añade que tiene conceptos técnicos de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), que indican que las obras se hicieron bajo todos los parámetros legales. “Ejecutamos toda la obra del tramo 3 sin interventoría, pese a que le pasamos varias solicitudes al alcalde y no hubo respuesta. Inclusive, dijimos que ejerciera la función de supervisor del contrato a través de Valorización, pero ni eso logramos. El 31 de octubre de 2020 dijimos que terminamos, pero viene este equipo nuevo de la administración actual y no conocían el caso. Ellos no tenían ningún documento y nosotros les entregamos 2.500 folios con toda la información. Entonces comenzó la falta de voluntad política y empezaron a poner peros”.
Así mismo, indicó: “La SIAB hizo un experticio y la conclusión fue que la obra cumplía con todas las condiciones, eso fue hace dos años, y aún así no recibieron la obra. A mí me tiene sin cuidado que me reciban o no las obras, porque el Distrito va a ser quien responda ante las autoridades. Todo contrato tiene un plazo para liquidarlo desde que se termina para que se pueda recibir (cuatro meses). El Distrito ha pasado por alto todo esto. Entonces se escuchan excusas, pero ya se les acabaron porque hay un experticio de la SIAB”.
Amín señaló que la cartera del proyecto no está amarrada a la ejecución de la obra. Dice que esta fue manejada por el concesionario hasta 2016 y que desde entonces el cobro a los contribuyentes quedó en manos del Distrito. “Una parte de los propietarios de Barú pagaron y otro grupo no lo hizo, que es el que está sometido a embargos. De ese grupo que no pagó hay demandas. Nosotros como particulares no podemos hacer cobros coactivos, esos los hace el ente territorial y es el Distrito el que debe hacerlo, por Valorización. Le entregamos la cartera a Valorización en el 2016, hace seis años. Que Valorización no haya sido eficiente para poder cobrar y recuperar esa plata, pues eso se me sale de las mano. Durante 60 meses cobramos la cartera, porque así lo estableció el contrato”, dijo.
*Esta es la primera entrega sobre el tema de la Vía a Barú. Espere mañana la segunda con la respuesta de Valorización Distrital.
Amín explicó cómo se estableció la cartera del proyecto: “Durante un año nos reunimos con el Concejo y el Distrito en mesas de diálogo. En lo único que nos pusimos de acuerdo fue en la cartera. Se concilió el valor que está por $63 mil millones, que generan de julio a agosto 1.050 millones entre actualización de capital más intereses a favor de nosotros.
El contrato dice que el capital se actualizará con el DTF más 6 puntos, y que los intereses serán los más bajos entre los bancarios y la Ley. Siempre hemos utilizado los de la Ley 80. Aquí no puede haber anatocismo. El DTF está cercano al 12% más un 6%, sube al 18% ,y estoy seguro que el Distrito no ha pagado en los últimos años unos intereses más altos que estos. Tengo diez meses escribiéndole a Hacienda con copia a la directora de Valorización y al alcalde Dau, donde le actualizo mes a mes la cartera. Tengo todas las pruebas de eso, hace diez meses les pedí que hiciéramos una mesa de trabajo para resolver esto”.
Y añadió: “Dije en el Distrito que hicieran un crédito, en vez de pagar entre junio y agosto de 2022 más de mil millones en intereses. Les dije que hicieran el crédito, le pagan al concesionario y se ahorraban entre $500 y $600 millones mensuales, pues eso es un detrimento millonario para el Distrito, pero no hemos recibido respuesta. Se regaron $44 mil millones y recibimos $34 mil millones. El capital inicial fue de $9.612 millones y con la actualización quedó en $33 mil millones, además de los $29 mil millones en intereses. Es un manejo antieconómico para el Distrito. Era preferible hacer un préstamo y quitarse esa carga. Es un detrimento económico”.