A inicio de octubre, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, informó sobre el desistimiento de la acción de tutela del Consejo Comunitario de Hato Viejo que ordenaba medidas cautelares en el macroproyecto del canal del Dique. (Lea: Adjudicación del macroproyecto del canal del Dique, en manos de un juez)
“Necesitamos que el juez que decretó las medidas cautelares las levante y que el elemento ambiental se cumpla. En los próximos días estaremos anunciando algo muy importante. La plata para el macroproyecto del canal del Dique está”, dijo el jefe de la cartera de Transporte el pasado 3 de octubre. (También le puede interesar: JEP convoca a audiencia por desaparecidos en zona del Canal del Dique)
Ese día, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo aseguró que mientras se levantan las medidas cautelares del proyecto, iban a continuar con las mesas de socialización. El 28 de octubre, la Procuraduría General de la Nación (PNG), pidió resolver conflictos de competencias entre jueces de Cartagena y Sincelejo.
A través de un comunicado, la procuradora Margarita Cabello Blanco, señaló que ese despacho judicial remitió el caso al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, pues este último había conocido con anterioridad un proceso similar relacionado con el proyecto del canal del Dique. Sin embargo, ante la discusión en torno a qué juez debe conocer del asunto se presentó un conflicto de competencias que fue remitido a la Corte Constitucional.
El Universal pudo conocer el borrador del auto de la Corte Constitucional Sala Plena con fecha del 2 de noviembre de 2022 que resuelve: “Dejar sin efectos los autos del 13 y 19 de septiembre de 2022 proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena, en el marco del proceso de tutela promovido por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Los Olivos de Hato Viejo en contra del Ministerio del Interior, Autoridad Nacional de la Dirección de Consulta Previa y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.
En el auto borrador se remite al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena, el expediente ICC-4284 para que de manera inmediata se pronuncie sobre la solicitud de desistimiento presentada el 24 de octubre de 2022 por el Consejo Comunitario de Hato Viejo y profiera la decisión de fondo.
Le advierten al juzgado de Cartagena que “siempre que consideren que existe un conflicto de competencia por tratarse de un asunto de tutela masiva, debe observar lo dispuesto en el Decreto 1834 de 2018 y las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia constitucional”.
También se le advierte al Juzgado Trece Penal del Circuito de Sincelejo resolver el conflicto de competencia y lo conmina a “remitir con prontitud” el expediente a la autoridad judicial que le corresponde dirimirlo conforme a la Ley 270 de 1996 o a la Corte Constitucional en el evento en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea la autoridad encargada de asumir el trámite”.