Consumo de drogas, explotación sexual, exceso de ruido, atracos... son varias de las problemáticas que confluyen en el Centro Histórico y que han sido denunciadas hace varios años atrás. El descontrol de este importante sector de la ciudad es para muchos un ‘lunar negro’ en la consolidación de posicionar a Cartagena como un destino turístico. Lea: ¿Qué le pasa a Cartagena?, la pregunta de Martín Santos que enciende las redes
Es tal la preocupación que el colectivo Somos Centro Histórico apoyado por la Arquidiócesis de Cartagena envió una carta al presidente Gustavo Petro para que el “Centro Histórico recupere su norte legal y patrimonial”.
En la carta, enviada al Jefe de Estado, el Colectivo expone que el turismo ‘depredador’ está desplazando a residentes y visitantes. “Ya no hay espacios ciudadanos para los residentes, y turistas que vienen a Cartagena en planes familiares, culturales, empresariales y otros que no les interesa los excesos de la noche rumbera”, exponen en un comunicado.
Los firmantes aseguran que, pese a que el gobierno de Wiliam Dau ha expedido decretos para regular el comercio nocturno y garantizar una sana convivencia, son varias las afectaciones que ese descontrol trae para los residentes de este sector. Lea también: Siguen los robos en el Centro Histórico, ¿qué hacen las autoridades?
“Los decretos que controlan la rumba son coherentes y pertinentes para el respeto de los derechos ciudadanos, porque el exceso nocturno pone en riesgo la oferta laboral a centenares de ciudadanos que trabajan en los hoteles del Centro Histórico”, dicen.
En la misiva, la Arquidiócesis de Cartagena lanza una alerta para proteger los templos que se ubican en esta zona de la ciudad, declarados como Bienes de Interés Cultural de la Nación no solo por su valor arquitectónico sino también por su valor cultural y espiritual, ante “la proliferación de actividades clandestinas que nada aportan al “arte, la cultura, la unidad familiar y el bienestar espiritual”.
En la solicitud al presidente Petro, el Colectivo pide horarios compatibles con los usos residencial, institucional y hotelero. Además, piden que se avance con la implementación de una zona adecuada para estas actividades y que se libere al Centro Histórico de los “excesos nocturnos”.
“La vida familiar y sus valores están siendo afectados pues los menores de edad y adolescentes están sometidos a presenciar de manera permanente “actos obscenos”, donde se ha naturalizado la explotación humana, y están expuestos al “morboseo” por parte de los proxenetas y actores que participan de la economía ilegal en las calles y los espacios que antes estaban destinados para la vida de barrio de estas comunidades”, se lee en la carta.
Finalmente, el Colectivo y la Arquidiócesis lamentaron la decisión del Juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, que ordenó la suspensión provisional del decreto que restringía los horarios de funcionamiento de los establecimientos de diversión en la ciudad, argumentando que dicha decisión “privilegia a quienes perturban la armonía y tranquilidad que debe reinar en una zona residencial”.