En una batalla jurídica liderada por la firma de abogados Osorio Rico & Asociados, se logró que el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías impusiera una sanción en contra del Juez Séptimo de Paz de Villavicencio, Meta, Luis Édgar Rodríguez, quien habría entregado, de manera irregular, predios en Cartagena. Lea: Polémica por caso de tierras en Cartagena asumido por juez de Paz del Meta
La sanción contempla cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos, dentro del trámite de la Acción de Tutela instaurado por la firma de abogados Osorio Rico & Asociados, en defensa de los terrenos de propiedad de Urbanizadora Carolina S.A.S y Urbanizadora Marval S.A.S.
Dentro del proceso jurídico, la firma de abogados logró recuperar los predios que fueron entregados de manera irregular por el mencionado juez.
En relación a los mismos hechos, actualmente contra el Juez de Paz, Luis Édgar Rodríguez, cursa una investigación en la Fiscalía General de la Nación, seccional Cartagena, por el delito de prevaricato por acción instaurada por la firma de abogados.
Los terrenos fueron restituidos a Urbanizadora Carolina S.A.S y Urbanizadora Marval S.A.S., gracias al proceso jurídico en que se logró expulsar a los invasores, con la advertencia de abstenerse de continuar realizando actos perturbatorios a la posesión que ejercen los propietarios.
El caso
Carlos Segovia De la Espriella, representante legal de la Urbanizadora Carolina le contó en agosto a El Universal que el 22 de junio pasado llegó a la zona, a las 7 de la noche, Luis Édgar Rodríguez diciendo que es el juez Séptimo de Paz de Villavicencio, al parecer, sin mostrar ninguna identificación, solo una resolución sin número y sin fecha, con un encabezado que decía: Consejo Superior de la Judicatura, Ley 497 de 1999.
“Este manifestó que Arturo Monroy Ortega tiene títulos y posesión sobre todas estas tierras y que él me había citado a mí por edicto en el diario La República, y que yo no respondí a esa citación y no me presenté, pero eso no es así. A mí nunca se me informó y yo no me enteré de los edictos. Además, no nos llegó ninguna notificación”, indicó.
Y prosiguió: “Llegó diciendo que nosotros éramos invasores y que los lotes no eran de nosotros, por lo que llamamos a la Policía y se presentaron un teniente y varios agentes, y luego llamaron al capitán Eduardo Vanegas y este revisó la resolución y le mostró al juez que esta resolución sin fecha ni número no tenía ninguna validez. Por esta razón el oficial le dijo que no podía acompañarlo en la diligencia y que tenía que retirarse de la zona, lo cual el juez aceptó”.
Segovia alega que sus abogados le pidieron los soportes jurídicos al juez en los que se basaba para hacer la diligencia, pero que este indicó que no los tenía en físico, sino digitales en su computadora; sin embargo, “dijo que estaba apagada porque no tenía batería”.