A través de la Resolución No. 000322 del 29 de febrero de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) oficializó el requerimiento de licencia ambiental al megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, que contempla obras en municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.
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En el documento la ANLA precisa que si bien el proyecto contaba con un Plan Hidrosedimetológico desde el 2017, este no es suficiente para prevenir, corregir, mitigar y compensar los potenciales impactos que pueden tener las obras en áreas protegidas.
“El proyecto requiere de la elaboración y presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, encaminado al trámite de una licencia ambiental, incluyendo aquellas obras y/o actividades que por su naturaleza requieran dicho trámite”, dice el documento.
En la resolución también se precisa que para la elaboración del estudio, los encargados deben solicitar a la ANLA los términos de referencia indicando la descripción y ubicación de las actividades del proyecto, así como las necesidades de uso y demanda de los recursos naturales.
Las razones
Para fundamentar su decisión, la ANLA se basó en conceptos emitidos por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales (PNN) sobre los impactos que pueden tener las obras sobre el medio ambiente. Así mismo, se evaluó la suficiencia del Plan Hidrosedimentológico con el que contaba el proyecto.
“De conformidad con los planteamientos de las citadas entidades nacionales, la ejecución del Plan Hidrosedimentológico podría generar serias afectaciones a los ecosistemas de manglar del área de influencia, al aumentar la cantidad de agua dulce y sedimentos provenientes del Canal del Dique”, expuso la entidad.
De acuerdo con la ANLA, el Plan Hidrosedimentológico no contaba con una caracterización actualizada de los ecosistemas, una valoración de los impactos de las obras ni las medidas apropiadas para su manejo.
“El Plan Hidrosedimentológico no cuenta con una línea base actualizada de los ecosistemas de manglar presentes en el área de influencia, ni define con claridad cuáles serían los impactos que se generarán en estos manglares por el incremento del volumen de agua dulce y sedimentos”, dice la resolución.
La ANLA también estableció que la línea base de los corales y pastos marinos también requiere ser actualizada. “Es importante actualizarla para identificar la presencia de ecosistemas coralinos y de pastos que no han sido tomados en cuenta en el documento presentado en el 2017”, puntualizaron.
Por último, se refirieron a los impactos relacionados a las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, asegurando que es necesario actualizar la caracterización de cada uno de los asentamientos poblados, con el fin de identificar y evaluar de manera independiente los impactos generados en las comunidades que puedan verse afectadas.
“Existe incertidumbre sobre los impactos reales a generarse por el proyecto a las comunidades y sobre las medidas adecuadas para el manejo de estos impactos, por lo que se requiere la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental que refleje la realización de este ejercicio con información primaria, actualizada y analizada desde el punto de vista de las reales afectaciones que pueda generar”, dijo la ANLA.
En este sentido, indicaron que lo que se busca con el Estudio de Impacto Ambiental es traer el proyecto a la realidad actual e identificar aquellas actividades que requieren licencia ambiental para su ejecución.
“El Plan Hidrosedimentológico no puede tener una equivalencia funcional a un instrumento de manejo y control ambiental con el valor constitucional de la licencia ambiental, al que se pueda efectuar seguimiento y control por parte de esta autoridad, para determinar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo que deban implementarse en el área de intervención”, concluyeron.
Lo que sigue
Con base en la resolución expedida por la ANLA, se trabajará en el trámite de la licencia ambiental para el megaproyecto.
Aunque la Procuraduría General de la Nación había alertado que el trámite de la licencia podría retrasar las obras y con ello aumentar el riesgo de inundaciones en las comunidades ribereñas, el Ministerio de Ambiente defendió el proceso.
“El contrato está en fase 0 y se espera inicio en 2025. Las obras no tendrán impacto hasta el 2029. Mientras tanto, se puede seguir trabajando en riesgos de inundación. El contratista ya puede hacer mantenimiento de diques. La exigencia de licencia no detiene estas funciones preventivas”, respondió la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al ente de control.
Los mandatarios locales aunque en un principio también rechazaban el trámite de la licencia, finalmente terminaron reconociendo su importancia. “El contratista tiene que comenzar a plantear un producto que sea de total satisfacción, tanto para el Ministerio de Ambiente como para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estamos en manos del contratista”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Sobre el megaproyecto
El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” contempla una inversión de $3 billones y consiste en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar; y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que tienden a opacar el carácter cristalino de la bahía de Cartagena y ayudar a mejorar la navegabilidad del canal.
De este proyecto se beneficiarán municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.