En una jornada trascendental celebrada este lunes 18 de marzo, el abogado y veedor Héctor Pérez, en representación de los nativos de la Isla de Barú, compartió los avances de la primera reunión entre el Gobierno nacional y diversas entidades del Estado.
La cita, esperada con ansias desde hace algunas semanas, tuvo como propósito principal socializar la petición de restitución de tierras, especialmente de la hacienda Santana, a sus presuntos legítimos propietarios: los nativos de Barú, quienes, según explicó Pérez, fueron despojados violenta e ilegalmente hace aproximadamente 30 años. Lea: Anuncian reunión vital para tratar los presuntos despojos de tierras en Barú
El encuentro se realizó tanto de manera presencial como virtual, con la conexión de varias entidades internacionales de derechos humanos y colectivos de abogados. Estos actores han estado involucrados en la producción de un documental que, según el veedor Pérez, en breve será presentado a nivel mundial, evidenciando el despojo sufrido por los nativos en esa zona insular de Cartagena.
El abogado contó que asesores de congresistas también han mostrado un profundo interés en el caso, solicitando información detallada para organizar un debate en el Congreso de la República en el próximo periodo legislativo.
Durante la reunión, se destacaron las intervenciones de líderes y representantes de los consejos comunitarios, así como de la Asociación de Herederos y otras entidades pertinentes.
Uno de los momentos destacados fue justamente la intervención del abogado Héctor Pérez, quien enfatizó en la necesidad de restituir la propiedad ancestralmente perteneciente a los nativos de Barú, presentando pruebas contundentes que respaldan esta demanda.
Pérez hizo hincapié en que se darán todas las condiciones para la restitución, mencionando la existencia de aproximadamente 1,500 documentos probatorios y una demanda de restitución de 90 páginas. Además, solicitó la intervención de la nueva fiscal general, la doctora Luz Adriana Camargo, para que una comisión especial de la Fiscalía General de la Nación revise todos los procesos y denuncias relacionadas con este caso, con el objetivo de judicializar a los responsables de las presuntas irregularidades cometidas. Lea: La Oagrd realizó inspección integral en todo el territorio de Barú
El abogado Pérez también señaló la implicación de funcionarios tanto a nivel nacional como local en este supuesto despojo, incluyendo inspectores de policía, secretarios del Interior e incluso alcaldes de periodos anteriores. Todos estos actores, según él, deberán rendir cuentas por el grave daño social causado, que resultó en el desplazamiento de más de 10,000 personas, exacerbando problemas como el desempleo, la informalidad, la prostitución y el aumento de la delincuencia.