Hace más de un mes el Instituto Nacional de Vías (Invías) emitió una resolución por medio de la cual se aplica el cobro de valorización de la vía Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad. Posteriormente, el pasado 16 de julio, María Constanza García, ministra de Transporte, ratificó la medida a cobrarse en cerca de 240 mil predios ubicados en la vía entre Cartagena y Barranquilla, en aquellas áreas de influencia alrededor de las inversiones que hizo el país en las vías 4G.
El proyecto del Gobierno nacional de aplicar valorización en esta zona como una forma de financiar el mantenimiento de obras ha desatado la polémica en la región. Camacol Bolívar apoyó a la demanda contra este cobro, interpuesta por la regional Atlántico de Camacol, la cual busca la nulidad contra los actos expedidos por Invías para adelantar el cobro de valorización.
En esa misma línea, El Universal tuvo conocimiento de que Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, radicó una demanda hoy de control de nulidad simple contra el Invías ante el Consejo de Estado por el mismo tema. Lea también: Camacol Bolívar apoya demanda contra cobro de valorización en Vía del Mar
Turbay pide al Consejo de Estado tumbar la resolución del Invías que busca el cobro de valorización en el proyecto vial Cartagena - Barranquilla, debido a que considera que no es objetivo y va en contra del marco jurídico de este tipo de tributos, pues acusa que fue expedido infringiendo las normas, decretos y leyes.
Por ejemplo, reseña la demanda que el cobro no tiene fundamento al vulnerar el artículo 363 superior (principio de irretroactividad del tributo) toda vez el proyecto se estructuró por fases derivadas a unidades funcionales, las cuales entraron en operación con anterioridad al citado cobro, a excepción de la última que corresponde a un porcentaje mínimo del proyecto, vulnerándose por ende el principio de irretroactividad que rige por norma superior en materia tributaria.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto inició bajo la vigencia de la Ley 1819 de 2016, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 que modificó el artículo 249.
Además, Turbay sostiene que el proyecto no cuenta con avalúos actualizados ni con la información completa para determinar con grado de certeza el beneficio producido por el cobro a la zona de influencia.
Por otro lado, según el artículo 248 de la Ley 1819 de 2016, denominado Método de distribución de la contribución, se establece que para distribuir la Contribución Nacional de Valorización se deberá realizar un censo inmobiliario que defina plenamente a los propietarios o poseedores de cada uno de los predios ubicados en la zona de influencia definida, lo que acusa Dumek que nunca se realizó.
Para el alcalde el proyecto es subjetivo, ya que se sustentó en el informe de una consultoría privada (Unión Temporal Montaña &Borrero 2019), que no contiene el nivel de detalle requerido para aplicar la citada contribución, siendo dicha firma la competente para definir y calificar la metodología del proyecto.
“En efecto, elementos esenciales del tributo tales como la zona de influencia, el beneficio y el método de distribución fueron definidos por dicha consultoría sin intervención alguna del Invías”, se lee en la demanda.
En suma, según el alcalde, el cobro de valorización tiene los elementos subjetivos e incipientes de un “proyecto piloto”, construido con información catastral y predial desactualizada, sin un censo inmobiliario reciente y sin la realización de un trabajo de campo de corroboración y depuración la información capturada mediante sensores remotos en el estudio preliminar del año 2019.
“La clasificación específica en el área permite visualizar que un 45,17% de los predios presentan algún tipo de desactualización, porcentaje alto que evidencia la necesidad de una actualización por censo inmobiliario previo a un posible reparto de contribución de valorización”, se lee en el documento.
Por ende, el proyecto vulnera el artículo 243 de la Ley 1819 de 2023 que establece el sujeto activo de la citada contribución, pues, éste no contó con los estudios actualizados que permitieran determinar con certeza la metodología para delimitar la zona de influencia y la distribución del beneficio, entre otros aspectos.
De tal manera que, Turbay pidió la nulidad del acto administrativo al estar, según su concepto, viciado ante la falta correspondencia entre los motivos que una autoridad administrativa expresa en un acto y la realidad de los hechos o el derecho aplicable, esto es, cuando la justificación dada para la emisión de un acto no tiene fundamento en la normatividad vigente.
Más críticas
La medida del Gobierno nacional provocó preocupación en distintos gremios económicos de Atlántico y Bolívar, que consideran que se va a cobrar por una doble calzada que aún no ha sido terminada, impactando gravemente a la competitividad con una indebida retroactividad.
Según el Intergremial del Atlántico, con el cobro de este gravamen “se pretende recaudar cerca de 720.000 millones de pesos, que no se reinvertirán en el Caribe, sino en otras zonas de Colombia”. El presidente del Intergremial del Atlántico precisó que esta valorización pretende cobrar un 2% sobre el avalúo comercial de los bienes urbanos y un 3% sobre las viviendas campestres. Le puede interesar: Gremios hablan sobre el cobro de valorización por vía Barranquilla-Cartagena
Es de recordar que, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Atlántico, a través de la firma Aroca Vives Abogados, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra los actos expedidos por Invías para adelantar el cobro de la valorización a los predios de la zona.
Según publicó el diario El Heraldo, desde la firma Aroca Vives Abogados emitieron un comunicado en el que aseguraron lo siguiente: “La demanda fue presentada ante la violación de principios constitucionales en materia tributaria, tales como la buena fe y la confianza legítima, legalidad, justicia y equidad tributaria, prohibiciones de retroactividad y confiscatoriedad en los tributos”.
Varios gremios sostienen que este cobro no garantiza terminar la construcción de la doble calzada, a la que le faltan 60 kilómetros, invirtiendo el recaudo en otras regiones de Colombia, mientras se afectan todos los predios de Cartagena.
En su momento, Camacol Bolívar indicó que desde la agremiación apoyan las acciones tomadas por la regional Atlántico. “Compartimos las preocupaciones con la regional Atlántico y apoyamos las acciones que se puedan implementar para evitar el cobro. Desde Bolívar hemos manifestado reiterativamente nuestra preocupación y rechazo a la medida del cobro. Lo más preocupante es que no existen garantías de que el uso de ese recaudo tenga como propósito terminar los kilómetros faltantes de la doble calzada. El Ministerio de Transporte, aduciendo el principio de la convergencia regional, ha anunciado en reiteradas ocasiones que este dinero debe ser invertido en otras regiones del país ”, dijo su gerente Irvin Pérez.
“Existe la equivocada interpretación de que solo afecta a los predios vecinos de la vía y la metodología empleada por el Invías hace una afectación a todos los predios de la ciudad con las únicas excepciones que contempla la ley”, precisaron desde Camacol Bolívar.