“Al principio –en enero de este año– empezaron diciéndome que esperara unos 15 días a que se hiciera la transición de funcionarios debido al cambio de gobierno, y después de eso lo único que siempre me han dicho, todo el tiempo, es que ya va salir la respuesta a mi solicitud y que solo le falta la firma del abogado que tiene el caso, pero han pasado 10 meses y nunca me resuelven nada. He perdido mucho tiempo en esto y muchos pasajes, y yo trabajo en una casa de familia. Por eso recurro a usted señor periodista”.
La persona que hace este relato es la ciudadana Mercedes Villanueva Yoly, propietaria de una vivienda de interés social, estrato 1, en el barrio Luis Carlos Galán, otorgada por Corvivienda hace años.
Su caso, conforme a lo que nos cuenta, es una situación desgastante, pues la señora Mercedes nunca le puso atención al Impuesto Predial de su modesto inmueble, pero más allá de ese factor, se vino a enterar el año pasado –cuando alguien le descargó la factura del Predial– que el Distrito le estaba cobrando una deuda de $12 millones por el referido impuesto anual, lo cual se debe a que le aplican la tarifa de 16 x Mil, que corresponde solo a predios institucionales cuyo propietario es una empresa del Estado, es decir, Corvivienda en este caso, ya que en la base de datos de Hacienda, la casa seguía apareciendo a nombre de esa entidad, pero en la escritura y en Instrumentos Públicos, la dueña legal es Mercedes Villanueva.
Cuenta la propietaria que con la empresa de gestión urbana Go Catastral tramitó entonces la actualización del titular, para pasar de Corvivienda a nombre de la señora Villanueva, lo que se hizo sin contratiempos.
Cansada de lo mismo siempre
Pero luego vino el calvario para ella dentro del proceso para que le reconocieran el predial acumulado de estos años, pero con tarifa de 1,5 x Mil, como corresponde a una persona de estrato social 1, como es su casa, y no con la elevada tarifa institucional de 16 x Mil.
El 15 de diciembre de 2023, Mercedes Villanueva radicó una solicitud escrita o derecho de petición, con Código de Registro: EXT-AMC-23-0150932, dirigido a la Subdirección de Cobranzas de la División de Impuestos de Cartagena, en el edificio sede de la Secretaria de Hacienda Distrital (edificio de las antiguas Empresas Públicas), requiriendo la prescripción total de la deuda institucional. Ademas pidió hacer el respectivo cambio a la tarifa normal para ella, de 1,5 x Mil.
Desde entonces, Villanueva Joly dice sentir que “se han burlado de mí una y otra vez, haciéndome ir y venir muchas veces”.
Haciendo de lado mi condición de periodista, me acerqué a Hacienda varias veces como usuario habitual para corroborar lo relatado por la señora Villanueva, y en efecto, no solo ella, sino muchas personas llevan bastantes meses en procura de resolver situaciones parecidas, pero no reciben respuesta definitiva.
Hace un mes fue la última vez que como ciudadano, en representación de Villanueva, me acerqué a Hacienda con copia del radicado, para saber cómo iba su caso, quise además hablar con un funcionario de mayor rango para tratar de redireccionar el tema, y no me lo permitieron, sin embargo, un funcionario al que le comenté el caso de la ciudadana, me recomendó interponer una tutela, y por consiguiente le hice la pregunta obvia: ¿Entonces la idea es desgastar a la gente hasta el final para que se rinda, y obligarla a pagar lo que no le corresponde, sino lo que ustedes quieren? Ante esta indagación, el funcionario nada contestó y solo hizo un gesto de no saber más al respecto.
Por una respuesta
El Universal trató de conseguir una respuesta frente a este caso y sobre la situación a la que son sometidos muchos ciudadanos –tal como este medio lo corroboró–, a los que no les resuelven sus solicitudes y se desgastan durante mucho tiempo en esa condición; sin embargo, este medio no ha recibido todavía una respuesta o la versión a este caso por parte de la Secretaría de Hacienda.