La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a la Ruta del Cimarronaje para participar en el proceso judicial del subcaso Montes de María que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado.
La Ruta del Cimarronaje está conformada por más de 200 organizaciones sociales del Caribe y ha liderado un proceso sólido por la defensa de los derechos de las comunidades étnicas del Canal del Dique y zonas aledañas.
“Esta es la primera acreditación colectiva con pertenencia étnica y cultural realizada por la JEP en la región, lo que tiene gran importancia tanto para la memoria histórica de nuestro país como para la ancestralidad de estas comunidades y la protección de sus derechos culturales”, explicó el equipo de la magistrada María del Pilar Valencia, relatora de la investigación.
Para tomar esta decisión, la Sala tuvo en cuenta las vulneraciones sufridas por estas comunidades entre 1989 y 2016, incluyendo torturas, amenazas, homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y despojos. De igual forma, se tuvieron en cuenta los daños causados a los prácticas tradicionales y sociales que facilitaron la normalización de la violencia y el deterioro de las tradiciones culturales y ancestrales de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en el Canal del Dique.
“Esta posibilidad de tener un sistema de verdad, justicia y reparación es lo que permite que las víctimas podamos acceder de forma diferente a la verdad y construir la verdad desde la memoria, desde la resistencia y desde la resiliencia”, expresó Aura Camargo, vocera de la Ruta del Cimarronaje.
Tras ser acreditadas, las víctimas podrán participar en las etapas de la investigación, recibir acompañamiento psicosocial, acceder a un abogado gratuito, preguntar y hacer observaciones sobre lo que digan los agentes del Estado en las audiencias.
También podrán participar en la definición de los proyectos de sanciones que se les impongan a los comparecientes.