En agosto, el alcalde Dumek Turbay presentó una acción popular en defensa de los damnificados que compraron apartamentos en la polémica torre Aquarela y que hoy está en su fase final de demolición.
El edificio está siendo desmontado por la Alcaldía de Cartagena, debido a las afectaciones al patrimonio de la ciudad y las falencias en su construcción, el cual se espera que en una semana esté en el piso.
Con esta demanda, el Distrito busca que se declare la vulneración de los derechos de los consumidores y que se les devuelva el dinero a las decenas de familias que invirtieron en el proyecto, afectadas por Promotora Calle 47, Plano Constructivo y Alianza Fiduciaria con la construcción fallida.
No obstante, el pasado 24 de septiembre, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, en aras de admitir la demanda, solicitó al Distrito agregar ciertos elementos, hechos, actos, acciones u omisiones que demuestren la vulneración de derechos colectivos. Además, el Juzgado conminó a que se notificara debidamente a los demandados.
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena admitió la demanda presentada por el Distrito el pasado 1 de octubre, luego de que este subsanara las observaciones hechas por la jueza Betsy Batista Cardona. Lea también: Inadmiten demanda del Distrito contra constructores de Aquarela
Pretensiones de la demanda
La Alcaldía presentó en la demanda los siguientes puntos:
1. Que se declare que las empresas demandadas vulneraron el derecho colectivo a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
2. Que se ordene a las empresas demandadas retornar en su totalidad los dineros pagados por los compradores para la adquisición de sus viviendas.
3. Que los beneficiarios de la obra y accionistas del proyecto respondan directamente a los compradores por la violación de los derechos colectivos.
4. Que se condene a las partes demandadas.
En contra de los bolsillos de los empresarios
Con esta demanda, Turbay Paz pretende demostrar que Promotora Calle 47 SAS y las demás empresas, que participaron en la estructuración y venta del proyecto Multifamiliar Aquarela SAS, violaron el derecho de los consumidores.
Para el mandatario, hoy hay un sinnúmero de familias a las que se les vulneró el derecho a una vivienda digna, de interés social y que necesitan la devolución integral de los recursos invertidos en la torre que hoy se demuele. Le puede interesar: Niegan tutela a accionistas de la constructora de Aquarela
En la demanda existen diversas acciones judiciales en contra de estas empresas por afectaciones urbanísticas, patrimoniales, entre otras; sin embargo, hasta el momento no se han iniciado acciones tendientes a recuperar el dinero invertido por la comunidad de quienes causaron esta situación.
Con esta acción, el Distrito busca enviar un mensaje a los promotores inmobiliarios para que actúen en el marco de la ley y de las normas técnicas, para que sepan que sus acciones tienen consecuencias y los usuarios se sientan protegidos por sus autoridades.
Las pretensiones de Dumek Turbay
En su demanda, el alcalde hizo tres pretensiones: la primera, que se declare que las empresas demandadas vulneraron los derechos colectivos de los compradores; segundo, como consecuencia de lo anterior, y para restituir las cosas a su estado anterior, se ordene a los demandados retornar en su totalidad los dineros pagados por cada uno de los afectados, en un proceso que, según el Distrito, violó flagrantemente el Estatuto del Consumidor.
En la tercera pretensión se declara el levantamiento del velo corporativo para que los beneficiarios de la obra y accionistas del proyecto respondan directamente ante los compradores por la violación de los derechos colectivos. Lea aquí: “90% de la subcontratación de Edurbe ha sido a dedo”: Funcicar
Por esa razón, el mandatario busca que, al levantarse el velo corporativo, los socios de las empresas demandadas respondan de su bolsillo con los pagos y el resarcimiento económico a las familias damnificadas.
Para Turbay, la exigencia a las empresas para que se responsabilicen con el resarcimiento del daño económico a los compradores puede quedarse corta, toda vez que es posible que los bienes de Promotora Calle 47 SAS pueden no ser suficientes para pagar a los inversionistas de buena fe.
Según el alcalde, resulta necesario determinar quién fue el beneficiario final de las actividades de la empresa y proceder a determinar si esas acciones comprometen su patrimonio individual.
Además, Turbay Paz anexó en la demanda múltiples pruebas y un registro de varias acciones judiciales para justificar su pretensión: si Promotora 47 no tiene cómo responderle a los afectados, sus socios deberán hacerlo con sus recursos propios.