Este jueves 30 de octubre, la Dirección Administrativa de Control Urbano realizará el lanzamiento del proyecto de política pública de legalización urbanística, que tendrá lugar en la Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar, a partir de las 2 p.m.
En el evento se explicará cómo será el proceso para consolidar este instrumento, que busca esencialmente crear una hoja de ruta para legalizar asentamientos de origen informal.
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“Hay sectores en Cartagena cuyo desarrollo se ha retrasado o no ha sido posible porque no están legalizados y la inversión pública no puede llegar a ellos. La política pública viene a reivindicar los derechos de estas personas y a traer equidad territorial”, explicó Emilio Molina, director de Control Urbano.
En este mismo sentido, la política pública también incluirá acciones que permitan el crecimiento ordenado del territorio, con el fin de prevenir la formación de nuevos asentamientos de manera irregular. “Una parte significativa de la ciudad ha crecido de manera informal, con la política pública vamos a empezar a ordenar la casa”, puntualizó.
El proceso para la política pública de legalización urbanística
La construcción de la política pública de legalización urbanística comenzará con una fase de diagnóstico que será realizada con el apoyo de la Universidad de Cartagena, en ella se hará la identificación y caracterización de los asentamientos de origen informal en la ciudad, que según estimaciones preliminares incluso pueden ser más de 200.
“A partir de esta identificación podremos conocer cuáles se encuentran en zonas de riesgo mitigables o no mitigables, los que están en suelos de protección ambiental, cuántas familias residen en ellos y cuál es su condición socioeconómica. Esto nos permitirá tener un conocimiento sobre los desafíos que tenemos desde el punto de vista territorial y cuáles son las decisiones que hay que tomar”, explicó Molina.
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Se busca que este sea un trabajo participativo, del que principalmente hagan parte las comunidades pero también otros actores institucionales asociados a la gestión del territorio, como dependencias del Distrito y autoridades ambientales.
“Este diagnóstico nos va a permitir formular una política pública que establezca una ruta que permita generar desarrollo territorial, social y económico en los próximos años en la ciudad”, indicó el director.
Se espera que esta fase se extienda hasta diciembre de este año y luego se dé inicio a la etapa de formulación, prevista para principios del 2026. En esta nueva fase se realizarán mesas de trabajo para definir las acciones que harán parte de la política pública.
El objetivo es que el documento llegue al Concejo para su aprobación y adopción el próximo año, de tal manera que pueda convertirse en un Acuerdo Distrital. “Esta administración ya ha adelantado un trabajo importante para la legalización de asentamientos de origen informal, pero buscamos garantizar que esto sea consistente en el tiempo. Para eso es la política pública, para que transcienda de este gobierno”, expresó.
¿Qué sectores de Cartagena podrían ser legalizados?
Este año, Arroz Barato se convirtió en el primer asentamiento de origen informal en ser legalizado en Cartagena, pero adicionalmente, el Concejo dio facultades al alcalde para que pueda adelantar el proceso en 12 comunidades más: Puerta de Hierro, Policarpa, La Sevillana, Villa Rosa, Bernardo Jaramillo Ossa, Jorge Eliécer Gaitán y los sectores Primavera, Villa Andrea, Los Deseos, Los Robles, 18 de Enero y Las Vegas de Nelson Mandela.
La política pública definirá qué otros sectores pueden ser susceptibles de ser legalizados, teniendo como premisa que no estén ubicados en suelos de alto riesgo no mitigable o de protección ambiental.
“Si existen formas de mitigar el riesgo, la política pública también identificará cuáles serán las acciones que se deben tomar; y si no, de establecer cuántas familias deben ser trasladadas. Eso se conocerá en diagnóstico”, puntualizó.
La importancia de la política de legalización urbanística
Molina reiteró que la importancia de la política pública de legalización urbanística radica en que va a permitir el crecimiento ordenado de la ciudad, así como llevar el desarrollo a asentamientos que a pesar de existir desde hace años siguen siendo informales.
“La totalidad de la oferta institucional no puede llegar a un asentamiento que hoy esté definido como irregular, pues esto limita las inversiones en materia de servicios públicos, equipamientos deportivos o institucionales. Con la política pública trazaremos la ruta para la legalización y así poder invertir los recursos públicos para su desarrollo”, indicó.
Por este motivo, invitó a toda la ciudad a ser parte de este proceso. “La invitación es a que se sumen, a que participen activamente en esta política pública, que nos acompañen en el proceso y a que construyamos juntos una ciudad ordenada”, finalizó.